Cuando vimos aparecer las puntas de las tijeras, al inicio de los recortes sanitarios, nos lanzamos a la calle. Se desempolvaron las manifestaciones y aquello fue como un recuerdo de aquellas de la transición. Si en aquellas fue la petición de libertad, amnistía a los presos políticos, legalización de los partidos políticos y demás déficits democráticos, en estas primeras de la intensa crisis, y desde la democracia, era la rebeldía contra lo que no creíamos: desaparecían las ofertas públicas de empleo, los sueldos no sólo no subían, sino que se minoraban, pérdidas de pagas extra, ínfima reposición de los que se jubilaban, incertidumbre sobre las pensiones, y éxodo´ para los más jóvenes. Una ´dictadura económica´ (en puridad política, también) se ha impuesto: lo manda Bruselas, nos obliga Rajoy, dicen algunos, y aquí en Andalucía un mantra: no vamos a echar gente a la calle: a cambio jornada del 33% o menos. Y las empresas sanitarias privadas con más posibilidad del low cost, en un tiempo creciente de nuevos clientes privados, a pesar de la crisis: las compañías han tenido y tienen dónde elegir y los profesionales «entregados» a una especie de fatalidad: tanto esfuerzo en formación para unos pocos de euros. Y en esto andamos.

Los enfermeros mayoritarios en el trabajo a turnos, cubriendo huecos por su ejemplar disponibilidad, frente al mal ejemplo de la precariedad tanto en la atención sanitaria privada como pública, incluso con temor a denunciar.

Ahora, en una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo referente al caso de una enfermera- son miles- con sucesivos contratos temporales, determina que en España se establecen procedimientos abusivos. Nada nuevo. O sea, lo que sindicatos y colegios profesionales (y todo Cristo) venimos reivindicando era sonsonete, y que ahora en voz de la justicia, suena a otra cosa, que cambiará probablemente hasta el propio Estatuto Marco del personal de los Servicios de Salud. La precariedad nos ha traído hasta aquí.

Nuestro sistema sanitario público es referente en Europa: que lo diga el turismo sanitario, la publicidad de los operadores contando nuestras excelencias, o la avidez de otros países en mejor posición que el nuestro para contratar a sanitarios españoles.

El sistema sanitario universal, la protección de la salud vinculada a nuestra Constitución, una modélica Ley de sanidad que ya ha cumplido 30 años, han sido, entre otros, elementos de primer orden para ese desarrollo; necesitado obviamente de recursos, con complejidad creciente por la atención a nuevos problemas de salud, y a personas mayores; todo ello con menos dinero para prestaciones esenciales, como lo es la sanitaria.

No creíamos los que se nos ha venido encima. En años previos, dinero de la Unión Europea para grandes obras públicas, faraónicas algunas, incompletas o sin uso.

El retrovisor de aquellos años pródigos con España, ofrece ahora banquillo para algunos políticos y adláteres, procesos que van para largo, que enervan a quienes soportan largos años ya de crisis.

De esta Europa de fondos estructurales, que han venido bien, con imposición de ortodoxia contable, vienen también sentencias. Esta no dice nada nuevo, pero certifica una situación que obligatoriamente debe reconducirse: la precariedad no debe servir para hacer trampas: cuatro años concatenados de contratos. No es ese el camino, ni la solución.

La lucha entre los políticos (el y tú más), no es la política, que ha de llegar al fondo de la cuestión, atendiendo a las generaciones más que a las elecciones.

Estas cosas en un escenario sin Gobierno central y unos ciudadanos ahítos de ir a votar para volver al mismo sitio, debiera hacer reflexionar más allá de la aritmética electoral.

Los ciudadanos merecen la mejor atención sanitaria y los profesionales no ser zarandeados, ninguneados, cosificados. Que no abusen de muchos de nosotros, como esta sentencia ha dicho.

El sistema sanitario es uno de nuestros grandes patrimonios, y como tal debe protegerse y mantenerse. De lo contrario habrá más protestas por más desencanto, más desafección por no saber estar los representantes (¿nuestros representantes?) a la altura de las urnas y en definitiva de las circunstancias, que son el meollo.

En Andalucía, con Gobierno, hay una oportunidad para reducir y eliminar estos abusos, aunque sea echando culpas a otros: cuando la despensa está más vacía hay que saber cómo distribuir lo que se tiene y no cegar en aprovechar oportunidades de crecimiento. Y eso sí: cumplir las sentencias.

*Juan Antonio Astorga Sánchez es el presidente del Colegio de Enfermería de Málaga