La Constitución es un texto que define las estructura y funcionamiento de un Estado y es a la vez un sobreentendido moral. Lo que diferencia una democracia de una dictadura no es la letra del texto sino el respeto que suscita. En otras palabras, la observancia de las reglas del juego.
Nuestra Constitución de 1978 establecía un delicado equilibrio entre los poderes del Estado y los ciudadanos: salíamos de una dictadura infame y era indispensable que limáramos asperezas, que nadie se pasara en sus reivindicaciones y que el equilibrio tan difícil de establecer se mantuviera como si fuera un juego circense: bolitas arriba, hop, bolitas abajo, hop, sin que cayeran a la lona. Casi imposible, cuando el ruido de sables y el terrorismo estaban dispuestos a dar con el prestidigitador en el suelo. Pero se fue consiguiendo.
Y aquí estamos, un año sin gobierno. Soy de los que opinan que la ausencia de gobierno no es grave: entra en el juego democrático y en las deficiencias de la ley electoral. Lo grave es el espectáculo de cerrazón y egoísmo que están dando los políticos, como si ellos hubieran ganado las elecciones, cuando en realidad deberíamos ser nosotros, el pueblo, los vencedores.
Aun así, la Constitución sigue intacta. De milagro. Porque aquí es donde entra el espíritu del texto constitucional y la delicada tarea de mantenerlo funcionando. Francesc Homs es un buen ejemplo de deslealtad constitucional en su comparecencia de hace unos días ante el Tribunal Supremo. Con su pan se lo coma, pero bonita incongruencia la suya entrando en el Congreso a desarrollar su labor como diputado español a las pocas horas de declarar ante el Supremo como defraudador de la Constitución que había jurado defender.
Hay peor: el Rey.
El suyo sí que es un papel basado en un intangible, en la autoridad moral. Lo único que hace la Constitución en su caso es reconocer la autoridad moral del monarca. Para violarla basta con que un político tenga, en el proceso constitucional, un gesto de desobediencia hacia él asegurando que lo hace para ser respetuoso con las reglas del juego y traicionando de paso un artículo constitucional enhebrado como un encaje de bolillos. La tarea regia de mediar y aconsejar, queda entonces gravemente dañada porque su poder constitucional se basa solo en cómo se respeta una intervención suya que consagra su capacidad de equilibrar y de propiciar acuerdos. Es lo único que puede hacer en esta circunstancia.
Pues ese juego (que en Estados Unidos se conoce como de checks and balances -contener, ser contenido y equilibrar- única esperanza de controlar al loco de Trump si llega a la Casa Blanca… creen los americanos sensatos) fue puesto gravemente en entredicho cuando Mariano Rajoy se negó a intentar formar gobierno tras encomendárselo Felipe VI. El daño político al Rey fue terrible: una deslealtad y una puñalada trapera. Porque Rajoy debería haber sabido a lo que le obliga el sistema democrático. Y decidió ignorarlo. Y de golpe desvistió a la Corona.
La puñalada a la democracia en cuyo juego basamos nuestra convivencia, se repite en un fraude escandaloso que nos propinan regularmente a los ciudadanos desde que nadie haya conseguido encaramarse al poder este año. Desde el poder (en funciones, eso sí) nos aseguran que el gobierno es irresponsable; hace cosas que nos pueden perjudicar, pero no tenemos derecho a quejarnos. El gobierno (en funciones porque le conviene) no acude al Congreso a ser fiscalizado, en el caso Soria por ejemplo, apoyándose en un argumento legal falso y pueril: como solo están en funciones, no son responsables y no tienen por qué dar cuentas. Pero si el gobierno maneja, ¡con consecuencias!, asuntos políticos y administrativos corrientes, el órgano de la soberanía popular debe poder controlarlo por mucho que solo sean asuntos administrativos corrientes. Corrientes como el caso Soria. El falso silogismo en el que se apoya el gobierno para justificar su engaño se desmonta de la siguiente manera: si no es responsable ante el poder ejecutivo, ¿por qué habría de serlo ante el judicial? Ancha es Castilla: evadimos la acción de control del Congreso y evadimos la acción de control del poder judicial. Y ya está: somos irresponsables. Bueno, un poquito solo porque estamos dispuestos a que el caso José Manuel Soria se estudie en comisión, robándole al diputado por Vitigudino su derecho a participar en la fiscalización.
Irresponsables, sí señor. Eso es lo que son el gobierno y la presidenta de las Cortes, ambos en funciones. Estas maniobras solapadas no son excepcionales. Por ejemplo, por lo que deducimos, el ministro de asuntos exteriores no permanente, García Margallo, ha hecho que el departamento a sus órdenes redacte un informe en el que se achaca la pérdida de influencia de España en el mundo al año de gobierno en funciones: la culpa de todo la tienen los malos que se niegan a que Rajoy.
