Juzgado de guardia

Los jueces decanos hablan claro

24.10.2016 | 05:00

Málaga se ha convertido en octubre de 2016 en la capital judicial española sin duda alguna. A principios de mes, tuvo lugar el Congreso Jurídico de la Abogacía Icamálaga, que contó con la presencia del presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, y con la asistencia de 1.700 juristas, que cerraron durante dos días sus despachos para formarse en todos los campos del Derecho. En ese foro, Rajoy anunció que ahora le toca a la Justicia, en el sentido de que, entre bambalinas, ya se está muñendo un pacto de Estado sobre este servicio público para sacarlo de la escasez de medios humanos y materiales que arrastra desde el siglo XIX. Por otro lado, hoy, mañana y el miércoles tiene lugar en Málaga la Reunión Nacional de Jueces Decanos, un foro que en los últimos años se ha convertido en la punta de lanza del Poder Judicial crítico, pues son los únicos que suelen hablar claro en relación con la materia que manejan y que, por ejemplo, hace ya algunos años fueron los primeros en proponer posibilidades legales para los afectados por la catarata de desahucios que por entonces propiciaron los bancos, en lo más duro de la crisis, cuando había gente que en el brete de quedarse en la calle o que la desalojaran de su casa prefería suicidarse –sí, eso pasó de verdad–. Los jueces decanos son cargos que se deben a sus compañeros porque son ellos quienes los eligen, y, por tanto, su gran aval es que sus críticas son sinceras y se despachan a gusto cuando han de hacerlo. En total, a partir de hoy habrá en Málaga 52 jueces decanos que representan a más de 2.000 togados de todo el país, estos hablarán de temas como medidas para reducir la litigiosidad, el reparto competencial de las comunidades autónomas, «la interesada confusión entre responsabilidad judicial y política», el sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial, o «la manipulación torticera del proceso penal». Asimismo, hablarán sobre la necesidad de alcanzar ya un pacto de Estado y, sobre todo, de la financiación necesaria que este habrá de llegar aparejada para que no se quede, como casi todo en justicia, en papel mojado. Asimismo, proponen soluciones para aumentar la agilidad, la eficacia y la calidad de los juzgados, de forma que abordarán «el problema de la corrupción», la necesidad de incrementar las inversiones, controlar el uso abusivo del servicio público, las nuevas tecnologías, el número de jueces y el nacimiento de los tribunales de instancia. Luego, harán públicas sus conclusiones, que suelen sentar bastante mal en algunas instancias, aportando soluciones y caminos realistas y eficaces, aunque no hay más sordo que el que no quiere escuchar.

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