El Gobierno necesita abrir camino al nuevo presupuesto y los socialistas están urgidos de gestos para desmarcarse de un Podemos que los supera en las encuestas. Por eso el acuerdo sobre el techo de gasto alcanzado, que incluye un aumento del salario mínimo interprofesional, es un pacto de socorro mutuo. Con el déficit autonómico resuelto, el Ejecutivo despeja un obstáculo previo a las cuentas, para las que ya sabe de antemano que tendrá que buscar otros socios distintos del PSOE. Será entonces el momento de que Ciudadanos, postergado en el acuerdo del bipartidismo, recupere su papel de pareja de investidura. El peso político que los socialistas atribuyen al pacto sirve, desde la perspectiva interna, para asentar la labor de su dirección provisional, necesitada de demostrar que la interinidad no menoscaba la relevancia del partido en los asuntos cruciales del país. Es una manera de que la gestora adquiera consistencia a la espera del momento idóneo para celebrar el congreso. Momento que, anticipan los críticos, llegará cuando Susana Díaz considere que su poderío institucional, ahora desplegado a toda campaña desde Bruselas a Madrid, le garantice que ella misma o quien ella designe se ponga al frente del partido. La urgencia del PSOE de ganar relevancia le lleva a vincular dos asuntos sin nexo alguno, como el déficit de las administraciones periféricas y el salario mínimo, en un movimiento que, pese a su aparente bondad, lo convertirá en blanco probable de las críticas sindicales. La buena nueva que para los perceptores del salario mínimo supone cobrar 52 euros más al mes el próximo año no lo es tanto ante la posibilidad de que la subida alcanzase los 153 euros, si la percepción básica se hubiera puesto en los 800 euros que figuraban en la propuesta aprobada en el Congreso por toda la oposición. Es un aumento en mano del 8 por ciento frente a uno posible del 23. El Gobierno carece de capacidad para vetar esa iniciativa parlamentaria, cuyo coste no recae sobre el presupuesto sino sobre las empresas. Y le falta incluso justificación ortodoxa, porque la necesidad de incrementar los salarios para reactivar la economía empieza a ser una reclamación en instancias nada sospechosas de izquierdismo. Pero secundar una propuesta de la confluencia catalana de Podemos, como hizo en su momento, resta al PSOE el protagonismo que tanto necesitan sus gestores.