Tribuna

La política como lastre en la renovación del Tribunal Constitucional

Las formaciones políticas tratan el tema sin el más mínimo disimulo en sus ansias de colocar a profesionales ideológicamente afines

29.12.2016 | 05:00

En el mes de abril de 2015 falleció el magistrado del Tribunal Constitucional Luis Ortega, designado por la Cámara Alta a propuesta del PSOE. Desde entonces, a veinte meses vista, el máximo órgano encargado de defender la Constitución cuenta con un miembro menos, por lo que su pleno, en lugar de los doce componentes previstos, se ha venido reuniendo sólo con once para tomar sus correspondientes decisiones. Sucede lo mismo con su Sala Primera, que ha tenido que rebajar el número de juristas de seis a cinco desde hace más de año y medio. El Senado, encargado de esta sustitución, ha demostrado una manifiesta dejadez en sus funciones al retrasar el nombramiento de un nuevo juez, exhibiendo con ello una mezcla de negligencia e incapacidad. Tanto ha dejado pasar el tiempo que ya se le ha unido dicha obligación de cubrir la citada vacante por fallecimiento con la de las otras tres, derivadas del plazo máximo que una persona puede formar parte del T.C.

La ley prevé que, antes de los cuatro meses previos a la fecha de expiración de los nombramientos, el presidente del Tribunal solicite de los presidentes de los órganos que han de realizar las propuestas los nombres de los nuevos magistrados, para que se inicie el correspondiente procedimiento. Esa es la razón por la que el pasado mes de junio se envió a la Cámara Alta un escrito de solicitud de puesta en marcha del proceso de designación de los magistrados que deben ser renovados, por concluir su mandato a finales de 2016 (entre ellos, el propio presidente del TC, Francisco Pérez de los Cobos).

Pues bien, aunque diciembre ya ha llegado, todo sigue exactamente igual. La fecha en el calendario estaba claramente indicada desde hacía largo tiempo, pero la indolencia e inutilidad de los senadores nos condena a inaugurar el nuevo año 2017, no sólo con tres, sino con cuatro vacantes por cubrir, correspondientes a la del miembro fallecido hace año y medio más la terna cuyo mandato caduca, sin que exista recambio alguno. Esta desidia en el desempeño de su obligación, unida a las escasas y desnaturalizadas funciones de la Cámara a la que pertenecen –convertida en una asamblea inoperante, irrelevante y carente de sentido– debería avergonzar a quienes la integran, que ni siquiera son capaces de cumplir con una dosis mínima de eficacia su función de designar a los miembros de un órgano tan esencial como es el Tribunal Constitucional.

A lo anteriormente expuesto se debe añadir el asunto de la politización de los requeridos nombramientos. Los partidos políticos afrontan la renovación de instituciones como ésta pensando únicamente en el trozo de tarta que les tocará en suerte. Los grupos parlamentarios reparten sus cuotas y escogen a sus candidatos de entre un listado de juristas afines a sus siglas. Así comienza a deducirse con claridad de los titulares de algunos medios de comunicación, tales como que la secretaria general del PP y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, está moviendo los hilos para que Gerardo Martínez Tristán, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se convierta en magistrado del Tribunal Constitucional, o que el exdiputado del PP Andrés Ollero Tassara se perfile como su nuevo presidente y que la Vicepresidencia recaiga con toda probabilidad en la magistrada Encarnación Roca Trías, elegida en su día a propuesta del Partido Socialista.

Por último, cabe hacer referencia a la grotesca noticia de que el Parlamento catalán haya decidido no proponer candidatos a estos cargos, a modo de fórmula de protesta de los partidos independentistas, indignados porque no se les permita vulnerar impunemente las reglas más elementales del Estado de Derecho.

Esta forma de abordar (en el sentido más pirata del término) la composición y renovación de un órgano tan trascendental como el Tribunal Constitucional, termina por afectar tanto a su prestigio como a su imagen. Las formaciones políticas tratan el tema sin el debido respeto, sin el más mínimo disimulo en sus ansias de colocar a profesionales ideológicamente afines y sin cortapisas a la hora de desprestigiar a una de las instituciones que debe contar con un mayor nivel de respaldo y de autoridad. Como si fuesen pirómanos irresponsables, juegan con un fuego difícil de controlar que, al final, terminará por quemarnos a todos.

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