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¿Guerra Estado-Generalitat?

03.02.2017 | 23:16

El pasado sábado las CUP, coalición de grupos asamblearios, independentistas, anticapitalistas y antieuropeos, decidió apoyar los presupuestos del gobierno de «Junts pel Sí» (la antigua CDC más ERC) para el 2017. Puigdemont logrará así la aprobación parlamentaria ya que sus 62 diputados (sobre 135) serán reforzados por los 10 de las CUP. Pero las CUP pusieron de condición la celebración «lo más tarde en setiembre» de un referéndum de autodeterminación. Aunque fuera ilegal.

Poco después el presidente Puigdemont mostraba su contento y vaticinaba que era «una mala noticia para el Estado». En aquel momento Rajoy tuvo la certeza absoluta de que la Generalitat no daría marcha atrás y que la «operación diálogo», comandada por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, había fracasado. La Generalitat declaraba la guerra y el Estado no podía perderla.


TANTO EL PP COMO EL NACIONALISMO TIENEN SU PARTE DE CULPA

¿Cómo se ha llegado hasta aquí? Las culpas están repartidas. El PP se equivocó con su mega recurso contra un Estatut aprobado en el Parlamento español, y en referéndum en Cataluña, pese a la posición contraria –juntos y revueltos– de los independentistas de ERC y del PP. El Estatut decía que el pueblo catalán se considera una nación dentro de España (el artículo 2 de la Constitución sólo admite el término «nacionalidad»), pero en todo caso siempre sería interpretado por un Tribunal Constitucional en el que el nacionalismo nunca tendría mayoría. Y se equivocó más cuando en sus cuatro años de mayoría absoluta no hizo nada para rebajar la tensión y abortar la incipiente rebelión catalana.

Y Rajoy tampoco ha estado fino ahora porque la mejor «operación diálogo» habría sido la incorporación a su gobierno de uno o dos representantes de la sociedad catalana (se habló de Joaquin Gay de Montellá, presidente del Foment, o de Antón Costas, del Círculo de Economía) que pudieran poner algodones en el conflicto. Pero Rajoy sólo nombró ministra a Dolors Montserrat, una fiel diputada del PP, con escasa proyección y poca experiencia (metió la pata al sugerir que subiría el copago farmacéutico a los jubilados). Y la operación diálogo de Soraya se limitó a sendas entrevistas con Miquel Iceta (PSC) e Inés Arrimadas (C´s) y a una conversación «franca y extensa» con Oriol Junqueras, vicepresidente de la Generalitat y líder de ERC.

El Gobierno no se esforzó mucho, quizás porque intuía que Puigdemont sólo quería el referéndum y cuando Rajoy –antes de la decisión de las CUP– declaró a Onda Cero que se podía hablar de todo pero nunca de referéndum ni de «pacto fiscal» (que Euskadi y Navarra tienen) ni de «nuevo Estatut», ya había concluido que la Generalitat seguiría y el Estado no podía ceder.


PUIGDEMONT TRASPASARÁ LOS LIMITES SI SE SALTA EL ORDEN CONSTITUCIONAL

Pero, por errores que haya cometido el PP, el independentismo traspasará todos los límites si convoca un referéndum ilegal. Violentar el orden constitucional es revolucionario? y punible. E incluso el tribunal constitucional alemán ha dictaminado que Baviera, su «lander» más importante, no es soberano.

El independentismo, víctima del binomio entusiasmo-sectarismo, se ha salido del campo de lo razonable e ignora a los votantes catalanes que en las elecciones del 2015, que se querían plebiscitarias, dio a sus listas «sólo» el 47,8% de los votos. Un 47,8% es mucho, pero no es ni el 51% ni una mayoría cualificada. Era un porcentaje muy alto que permitía exigir negociar pero no proclamar la independencia unilateral –como Mas dijo que haría– ni saltarse el orden constitucional.

Hemos llegado a un punto de difícil retorno: el Estado no va a permitir el referéndum ilegal que Puigdemont insiste en convocar. Y ha empezado la guerra –esperemos que sólo sea jurídica, mediática y de nervios– que va a tener a Cataluña y a España medio paralizadas y que puede tener consecuencias muy negativas.

EL JUICIO DEL LUNES A ARTUR MAS SERÁ EL PUNTO DE PARTIDA DE LAS MOVILIZACIONES

El lunes se abre en el Tribunal Superior de Cataluña el juicio contra Artur Mas por la prohibida consulta del 2014 con petición de una condena de inhabilitación para cargo público. La Asamblea Nacional Catalana (ANC) pretende convertirlo en una gran manifestación de apoyo al expresident. La consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, muy próxima a Mas, ha declarado que sería bueno que los funcionarios pidiesen un día de fiesta para participar en la protesta. Y Jordi Sánchez, presidente de la ANC, asegura que ha contratado 50 autobuses para llevar a Barcelona a 15.000 ciudadanos de comarcas que se han apuntado. El 6 de febrero será el inicio de las movilizaciones a favor del referéndum.

Madrid ya ha dejado claro que lo va a impedir. Aunque sea con medidas coercitivas y recurriendo al artículo 155 de la Constitución que permite la posible suspensión de competencias autonómicas. El martes un diario de la capital abría su portada con un gran titular: «No es tarde para tomar medidas drásticas». Y daba a entender que era un aviso de Rajoy al independentismo.

Y el jueves el ministro de Justicia, Rafael Catalá, declaró en TVE que el Gobierno no descarta intervenir la autonomía catalana: «es una opción». Y se piensa que se podría retirar a la Generalitat tanto el mando sobre los «Mossos» como las competencias de Educación. Curiosamente –sin relación porque la orden viene del juez que investiga el famoso caso del 3% de CDC– a la misma hora la Guardia Civil hacía una serie de registros en Barcelona. Y detenía, entre otros, a Sixte Cambra, presidente del puerto de Barcelona e íntimo amigo de Mas; Antoni Vives, que fue teniente de alcalde de Xavier Trias en el Ayuntamiento barcelonés, y Francesc Sánchez, también próximo a Mas y jefe de la burocracia de CDC.

¿Casualidad? Muchos no lo creerán y el independentismo lo achacará a una «sucia maniobra». Lo cierto es que hemos llegado a algo más peligroso que el temido choque de trenes, a una especie de guerra incruenta pero sin cuartel entre el Estado y la Generalitat.

Imposible saber el final pero pronto o tarde los catalanes irán a las urnas en unas nuevas elecciones. Y el resultado es incierto. En el 2015 el independentismo tuvo el 47,8% de los votos. Quiere subir un mínimo de tres puntos pero también puede bajarlos. Si sobrepasa el 50%, España tendrá un problema.
Mayúsculo.

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