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¿Mayoría absoluta en la fiscalía?

24.02.2017 | 23:55

El PP tuvo mayoría absoluta en el 2011 pero no supo, o no pudo, trasladar esa posición a la fiscalía. Ahora el Gobierno sufrirá mucho en el Parlamento, donde ha perdido la mayoría, pero quizás menos en los tribunales. Tras los nombramientos de José Manuel Maza, el nuevo fiscal general, el Gobierno tendrá una situación más cómoda en la fiscalía –algo que podría compararse con una mayoría absoluta– ya que ha copado dos piezas clave en el tablero judicial: el fiscal-jefe de Anticorrupción y el de la Audiencia Nacional.

En el 2012, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, nombró fiscal general a un fiscal conservador y con prestigio –Eduardo Torres Dulce– que era también un intelectual que disfrutaba –todavía lo hace– escribiendo sobre cine en el diario Expansión. Torres Dulce no hizo de correa de transmisión, Ruiz Gallardón dejó el Gobierno, y las presiones para la querella contra Artur Mas tras el 9-N del 2014 provocaron el divorcio. Torres Dulce hizo lo obligado€ y se fue. El Gobierno optó entonces por nombrar a Consuelo Madrigal, una fiscal conservadora de perfil profesional. Vino luego la campaña electoral y el año de impasse.

La sorpresa llegó cuando tras la formación del Gobierno, el ministro Catalá –del núcleo de Rajoy– sustituyó a Consuelo Madrigal por José Manuel Maza, magistrado del Supremo. Parece que Madrigal no garantizó los cambios que pedía el Gobierno en la fiscalía.

Ahora Maza –tocaba renovar a 35 fiscales– ha hecho cambios significativos, en especial dos, que le permitirán mandar con las manos más libres. En la jefatura de Anticorrupción –vacante por la jubilación del veterano Antonio Salinas que la ha consolidado como algo potente– ha nombrado, con el apoyo no holgado de la mayoría del Consejo Fiscal, a Manuel Moix, que fue fiscal jefe de Madrid y cuya actuación en algunos casos (Esperanza Aguirre, Rodrigo Rato) se juzgó próxima a los intereses del Gobierno. Ha descartado así tanto a Alejandro Luzón, quizás el candidato más cualificado, como a Belén Suárez, la segunda de Salinas, que estaba en funciones. Ambos pecan de exceso de criterio propio.

Y en la jefatura de la Audiencia Nacional, relevante también en todos los casos de terrorismo, no se ha renovado a Javier Zaragoza que ha ejercido dos mandatos de cinco años y pertenecía a la Asociación Progresista de Fiscales, sino que se ha nombrado a su segundo, Jesús Alonso, que fue nombrado por Torres Dulce, al parecer contra el criterio de Zaragoza, y que es miembro destacado de la derechista Asociación de Fiscales.

Y esta impresión de copo conservador –la situación actual tenía todavía algo de herencia de los ocho años de Zapatero– se acentúa por el relevo también del fiscal jefe de Euskadi y del de Murcia, Manuel López Bernal. Y el de Murcia tiene relevancia en este momento porque permitió una querella al presidente de la Comunidad, el popular Pedro Antonio Sánchez, contra la que intervino hace pocos días el propio fiscal general. Y Bernal no se ha cortado porque el jueves por la mañana hizo unas explosivas declaraciones a la Ser hablando de presiones sobre los fiscales anticorrupción de Murcia, con entrada de intrusos en domicilios particulares para sustraer ordenadores con información sensible. Y dijo algo muy duro: «se persigue más a los fiscales que a los corruptos».

Quizás haya fiscales que se crean cruzados, pero no es menos cierto que el PP tiene todavía muchos asuntos judiciales abiertos, empezando por el caso Bárcenas. Y este órdago, contra el que ya han levantado la voz C´s y el PSOE, puede abrir una nueva guerra judicial cuando está pendiente el nombramiento por el Senado de cuatro magistrados y la elección del nuevo presidente del Tribunal Constitucional (TC) Y Andrés Ollero, el candidato preferido por el Gobierno, genera mucha inquietud, principalmente por haber sido durante 17 años diputado del PP.

Pero del TC ya hablaremos. Hoy sólo cabe constatar que a Maza y al Gobierno se les ha ido la mano.

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