20 de marzo de 2017
20.03.2017
Tribuna

Instituciones lentas, problemas eternos

20.03.2017 | 01:55

Hace apenas unos días se ha aprobado en el Congreso de los Diputados la creación de una Subcomisión para el estudio de la reforma de la Ley Electoral del Estado. La medida, promovida por el PSOE y Ciudadanos, ha sido apoyada por todos los grupos parlamentarios, a excepción del PNV. En el ámbito autonómico también existen propuestas similares. Sin ir más lejos, se ha abierto en Canarias otra Comisión de Estudio para la modificación de su sistema electoral, mundialmente conocido por sus elevados niveles de desproporción, desigualdad del valor del voto y aplicación de altísimas y duplicadas barreras electorales, que colocan a nuestro archipiélago a la cabeza de las normativas electorales más injustas del planeta.

En este concreto asunto, lo más llamativo es el plazo de tiempo que venimos arrastrando los problemas que de él se derivan.Y es que estas deficiencias en la representatividad de nuestros parlamentarios se remontan ya varias décadas atrás. En realidad, a los mismos orígenes de nuestro actual modelo constitucional.

Se suele atribuir a Napoleón Bonaparte la siguiente frase: «Si quieres solucionar un problema, nombra un responsable. Si quieres que el problema perdure, crea una Comisión». Ciertamente, los antecedentes referidos a otras Comisiones no son muy halagüeños. En el año 2012, por ejemplo, se anunció la constitución de una destinada a estudiar la supuesta modificación del Senado para convertirlo en lo que realmente debería ser: una Cámara de representación territorial. Casi cinco años después, no existen resultados efectivos de la misma. Cada legislatura finaliza sin acuerdo y, tras la celebración de nuevas elecciones,la tarea se retoma con escasas esperanzas.

Los datos que invitan a ser pesimista y a no esperar a corto plazo un mejorado sistema electoral a nivel nacional son varios. Para empezar, dicho Subcomisión no posee capacidad legislativa y tan sólo emitirá un dictamen con conclusiones a la finalización de sus trabajos. Durante la última legislatura del presidente Zapatero, y por espacio de dos años, una Subcomisión del Congreso de los Diputados ya abordó sin éxito la reforma de la Ley Electoral. Además, los fuertes reparos de los partidos mayoritarios (que son mayoritarios, precisamente, a causa del actual sistema electoral) no invitan a pensar que vayan a poner facilidades para aumentar ni la proporcionalidad ni la igualdad del valor del voto.

En el fondo, estamos hablando de un problema político. De hecho, cuando existe voluntad por parte de los partidos, las leyes se reforman con celeridad. Baste recordar la reciente modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para que las Elecciones Generales no se celebraran el día de Navidad. Se tramitó y aprobó con extrema rapidez, en apenas unos meses. Es obvio que, desde el punto de vista jurídico, los problemas de nuestro sistema electoral están más que estudiados desde hace largo tiempo y se vienen denunciando sistemáticamente por numerosos profesionales de diversas disciplinas del Derecho. Si hubiera un verdadero interés en resolver este asunto, no se debería prolongar década tras década. Es por ello que esa imagen de lentitud que transmiten las instituciones, decididas a eternizar determinados problemas por razones de estrategia partidista, cala profundamente en la ciudadanía. Y con mucha razón.

En todo caso, procede aplaudir y apoyar estas comisiones (la nacional y las autonómicas) ya en marcha, aunque también urge exigirles soluciones efectivas a corto y medio plazo. De lo contrario, Napoleón tendría razón cuando afirmaba que recurrir a estos comités no era más que una cortina de humo para distraer la atención de la ciudadanía.

Dos de los objetivos que se persiguen, tanto a nivel nacional como canario, son mejorar la proporcionalidad de la representación de la población según el territorio y paliar los déficits de igualdad en el valor del voto. La manifiesta descompensación que existe entre la población y el territorio produce distorsiones que merecen ser corregidas. Tanto el Congreso de los Diputados como los parlamentos autonómicos son cámaras legislativas que representan al pueblo. Esa es su naturaleza y su esencia. La inclusión de elementos territoriales en dichas asambleas es lícita, pero siempre y cuando no desvirtúen su verdadera razón de ser.

Como se refleja en el texto de la citada propuesta aprobada en el Congreso, una reforma electoral puede constituir un instrumento adecuado para mejorar la calidad democrática y, específicamente, puede ayudar a mejorar la percepción de los ciudadanos sobre la calidad de su representación política. Por lo tanto, manos a la obra. Sin pausa y con rigor. Son ya demasiados años de retraso en una cuestión tan trascendental para cualquier Democracia.

*Gerardo Pérez Sánchez es doctor en Derecho. Profesor de Derecho Constitucional de la ULL

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