El 5 de abril de 1933, tras la Crisis del 29, el presidente Roosevelt firma la Orden Ejecutiva 6102 por la que prohibía la acumulación privada de oro -amonedado, en bruto o en certificados- por parte de los estadounidenses. Esta norma obligaba a los norteamericanos a conceder a la Reserva Federal todo el oro del que dispusieran a cambio de 20,67 dólares por onza (31,1 gramos) entregada. Los infractores de esta disposición sufrirían multas de hasta 10.000 dolares o diez años de prisión. Esta medida tan acuciante viene generada por disponer de todo el oro físico que pudiera hallarse en el territorio e incrementar el valor de intercambio del dólar por oro en 35 dólares por onza troy, como medio de estabilizar la moneda tras la Gran Depresión.

Como caso análogo entre la distante cercanía de la Historia, el 5 de abril de 2017, aún en la gran crisis, nos informan de que el Gobierno de España, presidido por Mariano Rajoy, presenta los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para esta añada y Málaga amanece pesarosa tras la confirmación del descenso en las cantidades aportadas desde Madrid a la provincia. Tras unas cuentas ya desvalorizadas en 2016 respecto a períodos anteriores, los compromisos con este municipio vuelven a decrecer y la suma, según datos oficiales, apenas se acercará a los 135 millones de euros (un 43% menos) para el presente ejercicio. La excusa de esta sucesiva caída de inversiones para Málaga la argumentan en la necesidad del Gobierno de conceder más peculio a otras regiones, sobre todo a las comunidades autónomas comprendidas entre la cornisa Cantábrica y Cataluña. Si Roosvelt quiso estabilizar EEUU, la exigua partida procedente de la Villa y Corte pretende abrumar a una tierra ya de por sí fatigada de tanta espera. H. Miller alude a la confusión como palabra inventada para algo que no se entiende: Málaga confusa.