Para empezar, unas estadísticas: en 2005 más de la mitad de la población global vivía ya en las ciudades y en ellas se genera ya más de la mitad del Producto Nacional Bruto mundial.
En Europa Occidental, las ciudades contribuyen al 65 por ciento del PNB y en China el porcentaje es aún más alto: el 78 por ciento, según la consultora McKinsey.
En Estados Unidos, se calcula que en torno a los 300 municipios de más de 150.000 habitantes contribuyen al 85 por ciento del PNB del país.
Todo ello explica que las ciudades aspiren a que se las escuche más que hasta ahora en asuntos que son tradicionalmente prerrogativa del Gobierno central como, por ejemplo, los relacionados con el cambio climático.
El politólogo estadounidense Benjamin Barber escribió antes de morir un libro titulado en inglés If Mayors Ruled the World (Si los alcaldes gobernaran el mundo).
En él argumentaba que el fortalecimiento de la sociedad civil y por tanto la profundización de la democracia sólo puede venir de las ciudades, que tienen un potencial creativo muy superior a los Estados nacionales.
En un libro póstumo publicado en 2016 bajo el título de Cool cities: Urban Sovereignty and the Fix for Global Warming, Barber señalaba que las ciudades podían frustrar la agenda negacionista del presidente Donald Trump.
Y así parece estar ocurriendo: después de que ése decidiese descolgar a su país del acuerdo de París sobre cambio climático, doscientas ciudades estadounidenses se unieron en la defensa de los objetivos fijados en ese documento.
Pero los municipios de EEUU han tomado la iniciativa también en otros asuntos: así, por ejemplo, Seattle, una ciudad progresista de la costa Oeste, decidió en 2015 adelantarse al resto del país y elevar a 15 dólares el salario mínimo por hora trabajada.
Siguieron su ejemplo otras ciudades y finalmente el presidente Barack Obama decidió llevar ese asunto a la agenda nacional, elevando a 10,10 dólares el salario mínimo para todos los empleados del Gobierno.
De esa forma, el presidente quiso animar al Congreso a aprobar una ley sobre el salario mínimo para el conjunto de los trabajadores del país, también los del sector privado.
Después de que Trump prometiese en su campaña odiosamente racista deportar a todos los trabajadores indocumentados , muchos municipios norteamericanos se declararon ´ciudades santuario´ para los inmigrantes sin papeles.
Es cierto que algunas ciudades, como Miami, se descolgaron después de que Trump firmase una orden ejecutiva para privar de ayuda financiera a quienes se negaran a cooperar con su ley de inmigración.
Poco antes de morir, Benjamin Barber ayudó también a la creación del primer Parlamento Global de Alcaldes, que se celebró el año pasado en la ciudad holandesa de La Haya y cuya segunda edición está prevista para finales de septiembre en Stavanger (Noruega).
El Parlamento quiere que las organizaciones multilaterales como la UE, el Banco Mundial y la propia ONU acojan en sus gremios a representantes de las grandes ciudades del mundo, algunas de las cuales tienen un PIB superior al de muchos Estados.
Se trata, según sus impulsores, de aprovechar la experiencia y el liderazgo demostrados a nivel local a la hora de hacer frente a los grandes desafíos que resultan de los problemas globales.
En esta época de creciente déficit democrático, la proximidad al ciudadano de los gobiernos locales más que justifican tamaña pretensión.
