La Costa del Sol tiene que afrontar con urgencia varias debates para asentar las bases de futuro turístico de la provincia. Y lo debe hacer con urgencia, antes de que el remedio sea peor que la enfermedad debido al habitual dinamismo de nuestros políticos a la hora de solucionar los problemas. Parece que ya tenemos asumido, aunque aún quedan nostálgicos, que el destino Costa del Sol no debería crecer con el único y obsesivo objetivo de superar el récord de visitantes año tras año y debería centrarse más en la rentabilidad de esos visitantes. Sabemos que no hay recursos, no hay financiación adecuada para los municipios turísticos, no hay agua y no hay la suficiente prestación de servicios sanitarios, de seguridad, de limpieza... para atender a esos millones de viajeros que se concentran en dos meses en la Costa del Sol. No los hay y lo peor es que las administraciones responsables lo saben, pero tratan de cerrar estas heridas con parches en vez de suturarlas.

Se impone más que nunca un crecimiento sostenible o puede que en pocos años el litoral malagueño se ahogue en su propio éxito. Estamos, afortunadamente, aún lejos de ese turismo de borrachera que campea a cuatro patas en otros destinos o de esa masificación extrema donde los propios residentes han dejado de lucir el famoso lema de «al turismo, una sonrisa», para enarbolar la bandera de que el turismo es hasta perjudicial.

El verano pasado ya apuntábamos en este mismo espacio que la Costa del Sol no debe morir de éxito. Aún estamos lejos del debate abierto en las Islas Baleares sobre la masificación que ha provocado que este destino insular alcance situaciones insostenibles pese a la campaña de promoción que vende ese destino como el paraíso de la sostenibilidad.

Esta pasada semana, el presidente de la patronal hotelera de la Costa del Sol, Luis Callejón, un tipo muy medido, reclamó una profunda reflexión sobre el tipo de turismo al que aspira la Costa del Sol y alertó de que si la apuesta es introducir de forma progresiva un producto de bajo coste aseguraba que le «saldría caro» a nuestro destino. Es fácil la ecuación. Más turistas con menor gasto y más consumo de recursos significaría dilapidar todo el trabajo del pasado para que la Costa del Sol fuera reconocida en los países emisores como un destino de calidad.

El ejemplo lo tenemos en Baleares, donde el todo vale triunfa en una isla en la que ya se ofrecen a través de webs de alquiler turístico hasta furgonetas, camiones, barcas y pisos patera para alojar a turistas. Se alquilan furgones en fincas rústicas de parques protegidos por 190 euros la noche, y pese a estar prohibido, crece el alquiler a viajeros en edificios plurifamiliares, entre los que abundan los apartamentos en mal estado, sin equipación suficiente y con espacios mínimos. Sobre la mesa está ya el debate de que hay que abordar el decrecimiento turístico e imitar modelos como el de Capri, donde se aplican limitaciones a la entrada de vehículos y se regula con celo el boom de los mal llamados apartamentos turísticos.

El ejemplo de Baleares

Por lo pronto Mallorca ha reacionado y esta misma semana aprobó una moratoria de licencias turísticas para abrir nuevos hoteles, albegues o apartamentos turísticos en todo su casco histórico y en los barrios más importantes. Sólo en lo que va de año la Gerencia de Urbanismo tenía 101 peticiones para abrir establecimientos, lo que aumentaría en casi 5.000 las plazas existentes. Es decir, en el centro de Mallorca sólo se alojarían turistas, expulsando a los vecinos y la identidad se desdibujaría en una especie de torre de babel.

En este debate terció también la pasada semana el consejero de Turismo, Javier Fernández, que acertadamente pidió no «demonizar» a la industria turística y señaló cómo único camino cierto controlar la capacidad de carga de los destinos y trasladando los beneficios de la actividad al mercado laboral, no sólo al bolsillo de los empresarios, que también.

Este es uno de los asuntos que se debe afrontar con urgencia. Más allá del registro de viviendas turísticas de la Consejería de Turismo se debería potenciar las inspecciones para localizar y sancionar a las viviendas que se ofertan ilegalmente e imponerles a esta oferta alojativa los mismos impuestos que ya abona la oferta reglada. Por lo pronto es una buena noticia que Hacienda obligue a las plataforma de alquileres a identificar a los dueños de pisos turísticos para aflorar fraude. Deberán decir al Fisco quién es el titular de la casa y quién la pone en alquiler, la razón social o denominación completa de la sociedad y el número de identificación fiscal. Un paso para acabar con esa oferta sumergida de unos 50.000 viviendas sólo en la Costa del Sol.

¿Ecotasa sí?

Otro asunto que levanta ampollas en la Costa del Sol cada vez que se pone encima de la mesa es el de la «ecotasa» o copago turístico. Es falso el debate de que este impuesto al turismo causa una pérdida de viajeros. Mallorca, Berlín, París, Roma, Ámsterdam..., ciudades turísticas de primer orden han visto como se mantiene al alza la llegada de visitantes y obtienen unos cuantiosos ingresos para mejorar su oferta turística. Es el caso de las Islas Baleares que cuando acabe el año lhabrán generado con sus primeros 17 meses de Impuesto de Turismo Sostenible (que así se llama oficialmente la ecotasa) más de 95 millones de euros (30 el año pasado), cantidad que por ejemplo triplica lo que cuesta toda la acción de la Conselleria de Turismo y duplica lo que se venía invirtiendo en mantener infraestructuras clave como las que aseguran el suministro y la depuración de agua.

Podría ser una solución a la falta de inversiones públicas, con carácter finalista, y que la Mesa del Turismo de Andalucía decidiera a qué proyectos se destinan esos ingresos.

Baleares cobra entre 0,5 y 2 euros por turistas y noche, en Barcelona la tarifa es de hasta 2,25 euros por pernoctación, lejos de los hasta 4,40 euros por noche del primer destino turístico europeo, París, o de los entre 3 y 7 euros que piden a cada huésped en los hoteles de Roma. En otros destinos la tasa llega a ser más alta. Berlín, que instauró el tributo precisamente para frenar la masificación, cobra un 5% del precio que se paga cada noche (con lo que en temporada alta, puede ser de 10 euros por noche). Y en Ámsterdam la caja pública cobra un 5,5% de cada pernoctación, tasa que en Budapest es del 4%.

Son muchas las voces autorizadas que en los últimos días han izado la bandera amarilla sobre el futuro del turismo en la Costa del Sol. Depende de cómo se actúe en los próximos meses o años se izará la verde u ondeará en todo el litoral la bandera roja y todo el trabajo para situar a Málaga como un destino de calidad no habrá servido para nada. Nos podemos ahogar en nuestro propio éxito.