Hace más de seis años la Junta de Andalucía tuvo la genial idea de aprobar un «canon de mejora» para acometer todas las obras pendientes para terminar con el eterno problema del saneamiento integral. El plan era muy sencillo, brillante, cristalino. Los ayuntamientos cargarían con el mochuelo de meter en el recibo del agua el nuevo canon de mejora de infraestructuras y la Junta obtendría esos ingresos extras al tener ese impuesto consideración de ingreso de la comunidad autónoma. El impuesto consta de dos tipos de cuotas, una fija y otra progresiva. La fija es de un euro para todos los hogares. La progresiva se aplica en función del consumo y va desde los 0,1 hasta los 0,6 euros. Bien. Con estos ingresos se suponía que la Junta de Andalucía, al tener el canon un caracter finalista, dedicaría los cientos de millones de euros a obras para completar la red de saneamiento de Andalucía y evitar así que la Unión Europea volviera a tirar de las orejas a nuestros gobernantes por saltarse todas las directivas y plazos habidos y por haber para tener nuestras aguas depuradas.

En ese alarde de valentía de querer solucionar un problema, el entonces consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, explicaba, cuando presentaba esta iniciativa allá por 2010, que prácticamente la mitad de los ayuntamientos de Andalucía ya aplicaban en sus facturas un canon de mejora de las infraestructuras, pero consideraba el consejero que como ese dinero que recaudaban no lo empleaban para las obras de mejora y construcción de las instalaciones de saneamiento, ahí llegaba la Junta de Andalucía para zambullirse sin manguitos entre natas y aguas residuales y terminar con la leyenda negra de que Andalucía no depura sus aguas. Es más, desde hace unos meses incluso los ayuntamientos también tienen que pagar a la Junta de Andalucía el canon de depuración en función del consumo de agua que hagan en sus edificios o usos municipales.

Desde que se puso en marcha en mayo de 2011, el Gobierno andaluz ha recaudado en la provincia de Málaga 164 millones de euros hasta el 31 de diciembre de 2016, lo que representa el 37% de los 444 millones ingresados durante este periodo en toda la comunidad autónoma. Es decir, un pasta. Pero ese buen hacer recaudatorio no se ha visto reflejado en el tradicional dinamismo inversor de la Junta de Andalucía, que según los últimos datos publicados a finales del pasado año sólo había invertido en la provincia de Málaga 13,8 millones de euros. Esta insignificante cifra supone que sólo se ha invertido el 3,5% de los 390,1 millones que cuestan el medio centenar de obras que en 2010 fueron declaradas de interés comunitario para alcanzar el vertido cero de aguas residuales.

Por ello sonroja que el pasado miércoles se vendiera un nuevo impulso a las obras de saneamiento integral. La ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Fiscal, suscribieron el enésimo protocolo que incluye 149 obras de tratamiento de aguas en la comunidad autónoma, con una inversión prevista de 790 millones de euros hasta el año 2021 para atender las necesidades de 2,4 millones de habitantes. De ese magno listado de obras, Málaga tiene la suerte de que 16 se realizarán en la provincia financiadas el 90 por ciento mediante el canon de mejora autonómico y el diez por ciento restante con fondos Feder. Un convenio parecido se firmó en 2010, cuando se dijo que la provincias donde estaba prevista una mayor inversión sería Málaga, con 390,1 millones para 47 obras.

Ahora hay abierto otro debate sobre si es necesario implantar en Andalucía una ecotasa turística. Bueno, no hay debate, pues antes de que se estudiara en profundidad y con los agentes sociales implicados, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, descartó que la comunidad autónoma cuente con un impuesto similar aunque dejo la puerta abierta a que los consistorios puedan poner en marcha esta medida, indicando que se «respetará la autonomía local y la voluntad de lo que quieran hacer los ayuntamientos». Esta tasa o canon tampoco es defendida por el Partido Popular, pero ninguno de los dos partidos mayoritarios han sido capaces hasta ahora de buscar una solución a la insuficiente financiación de los municipios turísticos, que ven como en verano afrontan unos gastos que sus maltrechas economías no pueden aguantar para tratar de dar unos servicios de calidad a los turistas, que es bueno recordar que se trata de nuestra principal industria, la que genera los principales ingresos y equilibra la balanza comercial.

Ese debate ya se abrió en otros países. Mallorca, Berlín, París, Roma, Ámsterdam..., ciudades turísticas de primer orden implantaron ese canon obteniendo unos cuantiosos ingresos para mejorar su oferta turística. El ejemplo más cercano lo tenemos en las Islas Baleares que cuando acabe el año habrá generado con sus primeros 17 meses de Impuesto de Turismo Sostenible (que así se llama oficialmente la ecotasa) más de 95 millones de euros (30 el año pasado), cantidad que por ejemplo triplica lo que cuesta toda la acción de la Conselleria de Turismo.

Pero claro, también es cierto que para qué aplicar una nueva tasa, ecotasa, canon, impuesto o lo que sea si hay uno en vigor desde 2010 para solucionar el saneamiento integral y han sido incapaces de avanzar lo más mínimo en obras y hace un par de días se firmó otro protocolo para terminar lo que no hicieron en los últimos seis años. Mejor así, sin ecotasa turística, sin financiación adicional para los municipios turísticos. Mejor así. Recuadar dinero y hacer obras supone un gran esfuerzo.

Indepurable situación.