La reciente gira del vicepresidente Pence por Latinoamérica, salpicada de avisos contra la deriva dictatorial en Venezuela, ha desembocado en nuevos castigos de EEUU al chavismo. Dos son los ejes de estas sanciones, llamadas, sobre el papel, a estrangularle la financiación a Caracas. Por un lado, se dirigen contra la deuda emitida por el Gobierno y por empresas públicas como la petrolera PDVSA, al borde de la quiebra. Pero, por otro, dejan incólume el comercio bilateral de petróleo, aunque los dividendos del crudo son desde sus orígenes el eje financiero de las políticas chavistas.

Situar en el punto de mira la financiación gubernamental permite a Washington exhibir una voluntad de aumentar la presión sobre el chavismo. Justo cuando Maduro ha consumado la sustitución del Parlamento, opositor, por una Constituyente corporativa diseñada a su medida.

Pero, a la vez, salvaguardar los flujos petroleros revela, más allá de los improperios belicistas de Trump, que el crudo es el gran límite que la Casa Blanca se impone en su apoyo a la oposición venezolana. Pese a los altos réditos que proporcionó durante años el embargo petrolero a Irán y pese a que nada menos que el 30% de la exportación petrolera venezolana vaya a EEUU. Sin contar que Caracas necesita el petróleo de EEUU, más ligero, para diluir el suyo y, así, compensar la caída productiva causada por el deterioro de sus instalaciones.

EEUU importa el 40% del crudo que consume y Venezuela, tan próxima, fue en 2016 su tercer suministrador, sólo por detrás de Canadá, tan próxima, y de Arabia Saudí, tan lejana y tan llamada a ser alejada por las futuras exigencias geoestratégicas. Además, con la producción actual, Venezuela, cortejada por China y Rusia, tiene reservas para 300 años y Arabia sólo para 70. De modo que la conclusión se impone. El petróleo no se toca. Mal que le pese a la oposición venezolana.