El cirujano malagueño César Ramírez ha abandonado la sanidad pública harto, según viene a decir, de que las decisiones que afectan a los profesionales y a la calidad del servicio las tomen quienes, puestos a dedo por razones partidistas, lo hacen de manera prepotente y en base a intereses particulares. El doctor Ramírez, ahora en la sanidad privada tras más de dos décadas en el SAS, es un cirujano vocacional al que le indignan las desigualdades. Ahora habrá de asumir que se van a producir al no tenerle a él en la sanidad pública quienes no pueden pagarse un seguro privado. César Ramírez ha sido durante años uno de esos médicos por los que los responsables políticos de la sanidad andaluza sacaban pecho. Pero ya se ha ido.

Si se siguen yendo (no me refiero sólo a profesionales que buscan ganar más o mejores condiciones laborales, algo legítimo, sino a médicos vocacionales que creen en el servicio al paciente más necesitado como obligación hipocrática), ¿quiénes se quedarían en los hospitales públicos y por qué?

En el rifirrafe político andaluz los que gobiernan acusarían a la oposición de pretender tildar de mediocres y adscritos partidistas a los profesionales que vayan tragando con presuntas ruedas de molino -algo que describe el Dr. Ramírez en una carta publicada en Sur u otros profesionales de la plataforma ´Basta ya´ en videoblogs-, abundando en una sanidad andaluza cuyo coeficiente de calidad está entre las cuatro últimas comunidades de España, según estima la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. El rifirrafe político en Andalucía es duro. El adversario es el ´enemigo´, lógica que se consolida tras casi cuarenta años en los que siempre ha gobernado el PSOE en Andalucía. Lo que probablemente ocurriría con cualquier otro partido en otra comunidad en las mismas circunstancias de falta de alternancia histórica, aunque ya sólo queda Andalucía en esa circunstancia (como lo han querido la mayoría de sus votantes, al menos hasta ahora, y como lo han conseguido gobierno y oposición).

Debemos estar preocupados. La Sanidad pública, Junto a la Educación y la Justicia, son los grandes pilares que sostienen una democracia real y la condición básica para no perder del todo eso que llamamos estado del bienestar. El bla bla bla político de quienes gobiernan las comunidades autónomas, en Andalucía lo llevan practicando décadas, es culpar de los malos datos al Gobierno central pero apuntarse los buenos, sin asumir nunca la responsabilidad de una inadecuada gestión con los recortes que haya en cada momento.

Pero qué pasa con esta cuestión casi matemática paralela al sospechoso florecimiento de la sanidad privada en Málaga, en Andalucía y en toda España: Según un informe del Instituto para el Desarrollo y la Integración de la Sanidad había ya 7,4 millones de asegurados en la sanidad privada en España en 2016. El informe establece que a razón de una media de 1.091 euros de gasto sanitario público por persona y año, la sanidad privada liberaría al sistema público de salud, si el ciudadano cubierto por una póliza privada utilizara básicamente esas prestaciones, de más de 8.000 millones anuales de gasto (7.427.449 beneficiarios privados X 1.091 Euros = 8.103.346,859 Euros) Si ya hay, redondeando, 8 millones con seguro privado que, además de pagar sus pólizas, siguen cotizando a la seguridad social aunque la usen poco, cómo es posible que crezcan o apenas se resuelvan las listas de espera u otros problemas en los hospitales públicos que generan crecientes reclamaciones de ciudadanos y manifestaciones en la calle de profesionales que, como el Dr. Ramírez, llevaban décadas sin decir ni mu.