Málaga solidaria

Un Gobierno sin palabra

15.09.2017 | 21:22

A diez días de que finalice el plazo que el Gobierno español se dio para acoger a 17.337 personas refugiadas debemos denunciar el flagrante incumplimiento de este compromiso adquirido. El tiempo se agota y apenas se ha acogido a un 11% de ellos y ellas. El Gobierno ha demostrado ser insolidario con las personas que huyen de la guerra y llegan a Europa buscando salvar sus vidas y las de sus hijos e hijas y ha incumplido sus obligaciones jurídicas derivadas del derecho internacional en materia de asilo y refugio. La propia Comisión Europea (CE) pidió a España y a otros países que cumplieran con los acuerdos de reubicación y asentamiento suscritos en septiembre de 2015 cuando se comprometieron a acoger a 160.000 personas en dos años.

En el mes de junio miles de personas se manifestaban en las calles españolas pidiendo que el Gobierno cumpliese con las cuotas de reasentamiento asignadas. Así, la acogida de personas refugiadas se ha convertido en una demanda de la sociedad civil apoyada por numerosos ayuntamientos, como el de Málaga, que demuestran tener una mayor sensibilidad humanitaria que la administración estatal ante situaciones graves de vulnerabilidad.

El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, ha tratado de justificar el incumplimiento de las cuotas argumentado que «el Gobierno está haciendo todo lo que está en su mano». Pero la realidad es bien otra: siguen llegando solicitantes de asilo a las costas europeas y concretamente a las españolas.

Es preciso mejorar la acogida para los solicitantes de asilo y articular propuestas. En el ámbito local, en Málaga, seguimos sin respuesta del Gobierno ante el reclamo de oenegés y el Colegio de Abogados de creación de infraestructuras dignas en el puerto para las personas que son rescatadas del mar.

Consideramos necesario un espacio en el puerto donde las personas posibles solicitantes de asilo puedan entrevistarse de forma individual con los abogados y las abogadas. El Gobierno ya reconoció en junio que no existen instalaciones para que la atención primaria sea prestada con la debida salvaguarda de la intimidad e integridad de las personas. Aún esperamos una solución.

La pasividad del Gobierno con cuestiones como esta demuestra, en la práctica, su falta de empatía y solidaridad con las personas refugiadas. Pero es que, además, su silencio ante tragedias como la reciente muerte de siete mujeres en el mar durante una devolución en caliente es absolutamente inhumana. Es terrible que la Guardia Civil bloquee una embarcación. Inaudito que el ministro del Interior no active ninguna investigación para esclarecer estos hechos tan graves que podrían suponer una violación de los derechos humanos.

Asistimos con preocupación a cómo, sobre la base de estos silencios cómplices del Gobierno, aumentan las expresiones y comportamientos racistas y xenófobos. Las amenazas a personas defensoras de derechos humanos que se han sucedido en los últimos meses son una buena muestra de ello. La proliferación de actos islamófobos por distintos puntos de la geografía española son otra. Otro ejemplo está en los obstáculos que enfrentan las personas refugiadas para encontrar un alojamiento en el mercado libre de alquiler debido a las reticencias de arrendadores e inmobiliarias.

Necesitamos el compromiso de todos y todas para empujar al Gobierno español hacia posiciones que hagan de la protección de las personas más vulnerables su principal prioridad.

*Arantxa Triguero es presidenta de Málaga Acoge

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