Tribuna

Algunas precisiones sobre la huelga de bomberos y la actitud municipal

20.09.2017 | 20:38
Manifestación de bomberos en protesta por las condiciones de su trabajo.

Desde el pasado 14 de marzo los bomberos del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga se encuentran en huelga por acuerdo de su asamblea de funcionarios. Es pues una huelga de los bomberos, sea cual sea la posible sindicación que tengan, y no de los sindicatos. Sus motivos son esencialmente organizativos y si uno atiende los propios acuerdos de funcionarios del Ayuntamiento de Málaga desde al menos 2002, dichos motivos los comparte también el propio Ayuntamiento, el cual una vez aprobados dichos convenios luego ha eludido cumplirlos, como cuando en 2002 comprometió elaborar un Reglamento de Bomberos adaptado a la Ley de Emergencias (el actual es anterior a la Constitución). Cualquier trabajador tiene derecho a contar con un marco jurídico seguro en el que desarrollar sus funciones, pero al parecer no los bomberos, para los que su Jefatura dicta cada año decenas de circulares organizativas sin ningún tipo de sistemática ni técnica y que acaban chocando unas con otras. Según las últimas noticias, la Comisión de Seguridad ha aprobado por unanimidad negociar dicho Reglamento, aunque a fecha de redactar estas líneas se desconoce cómo se hará, ya que hasta ahora el Ayuntamiento se niega a reunirse con el Comité de Huelga, que en la actual situación es el único interlocutor válido de la asamblea de funcionarios. La obligación de que las partes negocien en una huelga es una imposición legal, que el Ayuntamiento incumple. Desde el pasado marzo se vienen solicitando semanalmente reuniones negociadoras por parte del Comité de Huelga: hasta ahora el Ayuntamiento ni tan siquiera contesta.

Otras reivindicaciones son desgajar el Área Técnica y la Operativa, y una organización más racional de las guardias. En la actualidad los bomberos son quizás los funcionarios con mayor jornada del Ayuntamiento. No hay en la huelga una reclamación económica al modo en que popularmente se identifica esto, es decir, más sueldo y menos horas. Su reclamación es poder trabajar mejor organizados con un salario similar. Que algunas de estas cuestiones debieran incorporarse al Acuerdo de Funcionarios tampoco impide que el Ayuntamiento cumpla su obligación legal de negociar con el comité, del mismo modo que sin huelga el Ayuntamiento negocia previa e independientemente cuestiones parciales referidas a otros colectivos. Tampoco resulta admisible que se plantee que el lugar para dichas negociaciones son sólo las llamadas mesas técnicas ya que a las mismas los que acuden son los sindicatos y no la asamblea de funcionarios a través del Comité de Huelga, al que se le impide la entrada. Esa ausencia de voz de los directamente afectados, los bomberos, es la que ha hecho que asuman la huelga como única y última salida.

La actitud municipal no sólo ha venido marcada por su negativa a cumplir su obligación de negociar –sí lo ha hecho con Limasa o taxistas, por ejemplo– sino por llevar a cabo medidas de presión. Desde el inicio de la huelga ha abierto decenas de expedientes disciplinarios, algunos de ellos sonrojantes y ya archivados. El propio director de Recursos Humanos advirtió públicamente a los bomberos de que eso sería lo que haría si ponían en marcha la huelga. Igualmente, el inspector jefe ha procedido al cambio de puestos de casi toda la plantilla, rompiendo equipos asentados, con el consiguiente problema organizativo y adaptativo y de seguridad. La última aportación ´negociadora´ municipal es la declaración continua de los Planes de Emergencia. Como bien se encargó de recordar antes de la huelga el propio concejal de Seguridad tras la tromba de agua del pasado febrero, cuando el Plan no se activó por estar ilocalizable el inspector jefe, el cual percibe un complemento por esa permanente localización pero no así los bomberos, la activación de un Plan de Emergencia es sólo una declaración formal que no supone necesariamente un aumento de los efectivos operativos. Es más, es posible decretar un refuerzo del servicio, que sí supone como es lógico más bomberos ocasionalmente trabajando, sin necesidad de activar el Plan de Emergencia. Pero ni en los incendios de julio ni en el reciente de una nave de reciclaje en Villa Rosa dicha necesidad de refuerzo había sido establecida por los mandos. Es decir, activar el Plan no implica un automático refuerzo, sino que el refuerzo es una cuestión que determina el mando operativo en ese momento. Si el refuerzo no era necesario, que la Jefatura activase el Plan y diese la orden de localizar a los bomberos fuera de servicio sólo puede responder a otros fines, y refuerza aún más la necesidad de que las Áreas Técnica y Operativa estén separadas.

El Decreto de Servicios Mínimos incluyó una previsión de localización para la cobertura de las incidencias en los parques en caso de que estos estuviesen por debajo del número de efectivos fijado. Nada de ello tiene que ver con la activación del Plan de Emergencia. Sin embargo, el inspector jefe y el concejal de Seguridad, y por tanto el Ayuntamiento, pretenden disfrazar de denegación del deber de socorro y abandono del servicio algo que nada tiene que ver con la asistencia a las emergencias. A decir de los responsables directos del servicio durante el incendio en Villa Rosa la presencia de más efectivos como refuerzo era absolutamente innecesaria, y aún menos que se solicitase la presencia de bomberos de otras poblaciones y del Consorcio. Que se comenzase a localizar bomberos fuera de servicio era, como en el caso de julio pasado, totalmente injustificado: en ninguno de los dos casos se habían acordado refuerzos. Sólo se pretendía con ello manchar la reputación pública de los bomberos.

Ningún bombero en Málaga ha faltado a sus obligaciones desde que comenzó la huelga. Ninguna emergencia ha sido desatendida desde el comienzo de la huelga, como no lo fue en su día la tromba de agua, pese a que en asunto tan grave ni se activó el Plan. Cualquier ciudadano entiende exigible a los responsables públicos que no falten a la verdad y creen falsas alarmas, como viene haciendo con notable irresponsabilidad el concejal de Seguridad con sus declaraciones sobre el asunto de los Planes de Emergencia. Confiemos en que ahora se respete el acuerdo adoptado en la Comisión de Seguridad, y comience así a cumplir el Ayuntamiento con sus obligaciones legales.

*Navarro Martínez es socio director de Lealtadis Málaga y abogado de la Asamblea de Funcionarios y del Comité de Huelga del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga

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