El PP se ve obligado a gobernar Cataluña desde Madrid porque no pinta nada en Cataluña. Fue el sexto partido en las últimas elecciones autonómicas, solo unos miles de votos por encima de la CUP antisistema. Cabe esperar que los independentistas también sean los culpables de la irrelevancia de los populares, que presiden un único ayuntamiento catalán s0bre un millar. Sorprende que la ingente cantidad de catalanes oprimidos no busquen refugio en el partido que afirma defenderlos con especial ímpetu. Un escéptico se sentiría tentado a pregonar que esos votantes sojuzgados tal vez no existan.

El 1-O se emparenta a menudo con el 23-F, una metáfora reversible en tanto que puede ser abusada por ambos bandos. Sin embargo, a la hora de recabar la nueva fusión en frío PP/PSOE se olvidan los acontecimientos transcurridos entre el 11-M y el 14-M de 2004. Tras los atentados de Atocha, y con 191 cadáveres recientes por un atentado de Al Qaeda, los socialistas se negaron a encadenarse a las mentiras del PP. No solo lograron la presidencia del Gobierno para Zapatero al destripar la mendacidad de los populares, sino que retrasaron el declive socialdemócrata.

En una situación de alarma terrorista, con los autores del mayor atentado de Europa Occidental sin identificar, el PSOE se resistió a aceptar patrañas sobre el «sentido de Estado», que implicaban el sometimiento a una realidad desfigurada por el Gobierno de Aznar. El socialismo se encuentra ahora ante otra encrucijada de magnitud similar, siempre con Rajoy al frente de la manipulación.

Aprovechando que el Pisuerga pasa por Cataluña, el presidente del Gobierno compromete el prestigio obtenido por la Guardia Civil en la lucha contra la corrupción. Matando varios pájaros de un tiro, también inmola en el ara sacrificial a los fiscales que han perseguido los delitos del PP, y liquida la imagen de los jueces que no se prestaron a la dictadura del «Luis, hacemos lo que podemos». En circunstancias neutras se hablaría de víctimas colaterales, pero la escabechina de los guardianes constitucionales supone para Rajoy una oportunidad de desquitarse.

Por supuesto, el renovado Pedro Sánchez es la pieza más preciada a vampirizar mediante un abrazo mortal. Si quiere sobrevivir, el PSOE no puede apoyar a Rajoy, tiene que marcar más distancias que en el 11-M. Demasiado está arriesgando el PSC, donde solo la pericia de Iceta evita un desmoronamiento frente a las otras izquierdas. Recaer en la trampa de que «hay que evitar las terceras elecciones», supone volver a la UCI propiciada por el voto de investidura al actual presidente. La tibieza socialista frente a los excesos cometidos por el Gobierno hasta la fecha es peligrosa para los intereses de Sánchez, tan lícitos como las prerrogativas que el PP defiende por detrás de su fachada de patriotismo. Y si aun así se plantea la sumisión socialista, basta que recuerden la peripecia triunfal de Susana Díaz.

Así como el acontecimiento político crucial en 2017 es la victoria de Sánchez en las primarias socialistas, esta semana trepidante se sustancia cuando la mayoría de españoles le niega a Rajoy el apoyo a su política catalana, a través del Congreso. Como de costumbre, el PP empleó para estas faenas a Ciudadanos, al igual que ya ocurriera al abortar el acceso hace un año a La Moncloa del resucitado secretario general socialista.

Albert Rivera plantea unos envidiables propósitos regeneradores, pero siempre encuentra una catástrofe global que le obliga a postergarlos y le empuja a respaldar a Rajoy por «sentido de Estado». El gran procrastinador se escudó en 2016 en la imposibilidad de unas terceras elecciones, que a nadie parecerían hoy más dramáticas que la crisis en vigor. Este año, Ciudadanos ha tenido que aparcar sus exigencias purificadoras por culpa del referéndum del diabólico Puigdemont. Todo apunta a que, en 2018, el partido emergente a la derecha del PP se entregará a Rajoy porque sería un despropósito disentir en medio de un enfrentamiento nuclear entre Corea del Norte y Estados Unidos. Después vendrá el cambio climático, y así sucesivamente.

El 1-O está forzando el travestismo de las instituciones. El Tribunal Constitucional se erige en Comité de Competición, para imponer multas a juego con los sueldos de sus magistrados. El dinero así recaudado puede servir para pagar los escoltas y coches oficiales de que han venido disfrutando condenados como Rodrigo Rato o Iñaki Urdangarin, años después de que se sustanciaran delitos que conllevan la apropiación de caudales ajenos.