Lo único seguro es que este domingo será un día importante para Cataluña y para España. El Gobierno catalán continúa los preparativos del referéndum unilateral e ilegal -pese a haber tenido que disolver la Sindicatura electoral que debía controlarlo y dar los resultados-, y el Gobierno español sigue decidido a aplicar la ley y a no dejarlo celebrar. El choque de trenes y de legalidades -la insurreccional catalana aprobada el 6 de septiembre en el Parlament autonómico y la constitucional- se van a ver las caras mañana en las calles y en los posibles colegios electorales. Todo en medio de una tensión política que se ha disparado en los últimos días.

El referéndum con garantías y reconocimiento internacional que el independentismo pretendía no se va a poder celebrar. Pero el separatismo apunta ahora a volver a repetir -con mayor o menor éxito- la jornada participativa del 9-N del 2014, que entonces se presentó sólo como consultiva y sin validez jurídica, en la que participaron 2,3 millones de catalanes, el 36% de los que podían hacerlo, y en el que arrasó el voto favorable a la independencia. Esperan poder movilizar a un número de personas similar y que los activistas de las organizaciones nacionalistas no partidarias (la Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural) consigan abrir los colegios. ¿Enfrentándose incluso a la fuerza pública? ¿A la policía, la Guardia Civil y los Mossos (policía autonómica) que deberían seguir las instrucciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ha ordenado que no se abran los colegios? ¿Hasta qué nivel de forcejeo o enfrentamiento se puede llegar? Los Mossos ya han insinuado que obedecerán, pero que su prioridad es siempre actuar proporcionadamente y sin perturbar el orden. ¿Quieren decir que harán advertencias formales, más o menos severas, pero que luego se lavarán las manos? ¿Cómo reaccionarán entonces las otras fuerzas de orden? ¿Habrá urnas dentro de los colegios? ¿De dónde habrán salido y cómo habrán llegado?

Será una jornada difícil y muy complicada. Soñada por muchos catalanes, temida por otros tantos e incluso con indiferentes que miran hacia otro lado. Madrid no podía permitir un referéndum ilegal, que ya no se va a poder celebrar, pero no se sabe hasta qué punto puede y está decidido a intervenir -fuerza mediante- para obstaculizar o impedir un simulacro de referéndum. Una reacción excesiva -con alguna consecuencia desgraciada- podría impedir el simulacro, pero con un gran coste político en Cataluña e incluso en Europa, cuyos gobiernos -no podía ser de otra manera- respaldan la legalidad constitucional y la unidad de España.

Y luego está por ver qué hace el Gobierno catalán en función del éxito o fracaso del simulacro de referéndum. ¿Aceptará una derrota o una media derrota si el domingo hay normalidad y escasa votación? ¿Qué hará en el caso de que el simulacro tenga éxito o medio éxito? ¿Llamará a una huelga general que podría acabar perdiendo? Una cosa es movilizar un día a los partidarios para ir a las urnas y hacer colas en la calle y otra cosa paralizar un país, dejar de acudir al trabajo y sacrificar salarios o ventas en los comercios. ¿Proclamará la independencia en el Parlamento? ¿Cómo reaccionaría entonces el Gobierno español? La aplicación del artículo 155 de la Constitución y la suspensión de la autonomía podría ser casi obligada.

¿Al final tras un domingo que puede ser movido -no se puede descartar que los forcejeos no comporten algunos brotes de violencia- se impondrá algo de cordura y todo acabará en la convocatoria de nuevas elecciones catalanas, de resultado muy incierto? ¿Puede desestabilizar el conflicto catalán al gobierno Rajoy que no tiene mayoría parlamentaria, ni incluso con el apoyo de C’s? ¿Cuál será la posición final del PSOE? Apoya la legalidad constitucional y Pedro Sánchez no se lanzará a ninguna aventura con Podemos y los independentistas, pero tampoco puede comprometerse totalmente con una política del PP respecto a Cataluña que ha tenido muchos y muy largos errores.

Rajoy se equivocó en el 2006-2010 al oponerse radicalmente a un estatut aprobado en las Cortes y ya votado en Cataluña. El catalanismo tampoco estuvo entonces a la altura porque se dividió a la hora de apoyar el estatut. Sí lo hicieron la CDC de Artur Mas, el PSC e ICV, pero no ERC, a la que Mas y Zapatero no quisieron mantener en el consenso estatutario. Ello llevó a una abstención del 50% en el referéndum del 2006, lo que ayudó a la derecha española a atacar aquel estatut que decía que Cataluña se consideraba una nación dentro de España. Y cuando Rajoy volvió al poder ni él ni Artur Mas mostraron en el 2012-2015 auténtica voluntad de diálogo. Los dos querían ganar por goleada. Y -más incompresible- Rajoy no ha querido incorporar a su último gobierno a catalanes de la sociedad civil que fortalecieran la idea de una Cataluña con autogobierno dentro de España.

Vamos a los últimos días. El separatismo no sólo se ha equivocado, sino que ha hecho algo más grave -violar la Constitución y el estatut- al aprobar en el Parlament las leyes de ruptura el 6 de septiembre y al plantear una situación de cuasi rebelión. Y en las dos últimas semanas el gobierno de Madrid sólo se ha ocupado de aplicar la ley -el fiscal Maza a veces con nula mano izquierda- y ha mostrado muy poca sensibilidad política.

Y quizás no ha calibrado lo que un politólogo galés, Graham Avery, ha descrito como la fuerza que da llevar la contraria. Cuanto más se opone un gobierno no demasiado popular a un referéndum que exigen sus adversarios, más se movilizan estos y más apoyos consiguen en la sociedad. Avery (Expansión del 28 de octubre) dice que Cameron lo comprendió en Escocia y la jugada -arriesgada- le salió bien. Pero la historia no acabó en el 2014. Luego perdió el referéndum del brexit, dejó a Gran Bretaña en un pantano peligroso y tuvo que abandonar la vida política.

Algunos dicen que Rajoy ha hecho todo lo contrario que Cameron pero que acabará como él. Por Cataluña. No lo sé, lo que sí me temo es que -pase lo que pase mañana- el conflicto catalán será un factor relevante de la política española -y quizás incluso de la europea- en los próximos meses.