Lo ocurrido en Cataluña nos tiene que llevar a la reflexión de qué se ha hecho mal para llegar a esta situación y qué se ha de hacer a partir del 1-O, sin olvidar la falta de sentido de Estado que muestran algunos dirigentes políticos nacionales. De Podemos nada se esperaba, son lo que son, pero al actual líder del PSOE, o de parte del PSOE, la historia le ha dado la oportunidad de mostrarse ante la izquierda que representa como un hombre de Estado o como un oportunista que, pensando en arañar unos cuantos votos a la izquierda más radical, aprovecha el difícil momento para evidenciar una vez más que no está a la altura ni de su propio partido.

No es hora de mirar atrás buscar para buscar culpables, ya sea por concesiones a la Generalitat para sustentar gobiernos en Madrid, ya sea por no habernos puesto de acuerdo en algo tan básico como la educación, ya sea por haber evitado adoctrinamientos en las escuelas, o por haberse Zapatero comprometido a aprobar cualquier propuesta de Estatuto que saliera del Parlamento catalán. No, eso ahora no toca, pero de los errores hemos de aprender.

Tampoco es momento de criticar al gobierno de la nación, es una ruindad hacerlo y más aún con los pueriles argumentos de algún que otro desaliñado. Es el peor momento que vive nuestra democracia desde el 23-F, y ningún líder político hubiera querido encontrarse en esta encrucijada.

Los culpables son los que son, los que se han alzado contra la paz, la convivencia y nuestro orden constitucional. Tienen nombre y apellidos: el Gobierno catalán con Puigdemont a la cabeza.

Después de la pantomima de votación popular, sin censo, donde cada uno podía votar donde quisiera y cuantas veces quisiera, sin recuento y con unas urnas que ya pesaban antes de iniciarse la gran farsa, la conclusión es que la mayoría de los 5.343.000 electores catalanes no quieren la independencia, solo hubo 1.766.000 votos a favor del sí, votantes fueron muchos menos. Por tanto la hoja de ruta ha de ser clara, garantizar el orden constitucional tanto de los que piensan que han de ser una república independiente, como de los cerca de 4.000.000 de ciudadanos catalanes que no se sienten identificados con tal despropósito.

El Estado, dentro del marco constitucional, tiene los mecanismos que otorga el artículo 155. Los jueces tienen la obligación de aplicar las leyes a cualquiera que la incumpla. Nuestro código penal por algo contempla como tipo delictivo la Sedición y Rebelión, no estaban ahí por capricho del legislador, estaban y están para ser aplicados en situaciones como éstas y, sobre todo los partidos del bloque democrático tienen la obligación de estar a la altura que se espera. A partir de ahí dialogo, mucho dialogo, pero nunca con aquellos que han atentado contra la integridad de nuestra nación. De esos que la justicia se encargue.