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Ley, no humillación

23.10.2017 | 07:39

«Paz, piedad, perdón» es el discurso que Azaña pronunció en el Ayuntamiento de Barcelona en 1938. Salvando las distancias entre aquella España y la de hoy, entre aquellas circunstancias y éstas, es oportuno que las partes en el conflicto catalán, todas ellas sin excepción, evoquen el mensaje que transmiten esas palabras a todos los hijos de España, que han de significar la puesta a cero del contador. El President de la Generalitat ha reconocido de manera clara que no hubo declaración de independencia en el Parlament. De manera que si el punto de partida ha de ser la Constitución, ya está dentro de la Constitución. Dura lex sed lex. Fiat iustitia, pereat mundus. Es decir, aplíquese la ley, pero sin humillación. Fundamentum iustitiae primus est ne cui noceatur. El primer fundamento de la justicia es no dañar al otro. En la Transición, hay que recordar, que muchos de los pactos que se alcanzaron no se iniciaron en plena conformidad con la legalidad vigente entonces. Compromiso.

Dice Enric Juliana: «Madrid no puede con todo. Barcelona no tiene fuerza para romper la baraja.» Este puede ser el resumen de la situación. En el tan nombrado artículo 155 de la Constitución sabemos como se entra, pero no como saldremos. Si atendemos a las declaraciones que se han realizado tanto desde el Gobierno como desde el Govern, respecto al mismo, la aplicación de dicho precepto nos desliza a un escenario a la venezolana: dos legalidades y dos institucionalidades: la Constitución y la Ley de Transitoriedad; una Generalitat intervenida y una Asamblea de Cargos Electos y un Parlament rebelde. Las masas en la calle. Un President que no es Josep Tarradellas, pero se ve como el George Washington catalán, si bien se parece al Presidente Nicolás Maduro. La conllevancia orteguiana como política para Cataluña está agotada y debe ser amortizada.

El intento de secesión es la tercera explosión de la cuestión catalana en los últimos cien años. De la misma manera que no es posible la secesión con más de la mitad de la población en contra, tampoco es posible la convivencia con casi la mitad de la población declarada partidaria de la secesión. Dado el estado de cosas en que hoy está el conflicto catalán ya no es suficiente con proponer un nuevo pacto político (paz negativa) para encontrar una solución. Se deben eliminar todas las formas de violencia (directa, estructural y cultural) que las dos partes se imputan mutuamente (paz positiva).

A pesar de las dificultades hay un camino para volver a empezar: que ambas partes acepten que hemos de recorrer la distancia que existe entre la democracia que tenemos, nuestra democracia realmente existente, y la «democracia tomada en serio». Es momento de apelar a la sociedad catalana e impulsar la reforma de la Constitución. Ir de la ley a la nueva ley. Es irreal pensar que el conflicto se resolverá con el intento de restauración de la legalidad a través de la sola aplicación del artículo 155 de la Constitución.

¿Qué hará el Estado frente a la movilización permanente anunciada en caso de intervención? ¿Cómo va a hacer frente el Estado a las medidas coordinadas de boicot, no-cooperación y/o desobediencia de los ciudadanos de producirse? ¿Cómo va a hacer frente a los funcionarios que boicoteen la intervención de la Generalitat? ¿Abrirá miles de expedientes sancionadores? Sólo sus recursos colapsarían los tribunales. ¿Qué ocurrirá si tras el anuncio de la puesta en marcha del artículo 155, se declarara la independencia y se ocupan las infraestructuras básicas del Estado? ¿Y si a las elecciones que convocara el Gobierno no se presentan los partidos que defienden la independencia y no se reconoce su legitimidad por estos? ¿Y si vuelve a haber mayoría absoluta independentista tras las nuevas elecciones? ¿Y si fuera aún mayor a la ahora existente? ¿Después de la rebelión de Cataluña y la aplicación del artículo 155 de la Constitución, es posible una vuelta, sin más, a la autonomía? Más de un 26% de los españoles pide una recentralización de competencias. Demasiados interrogantes para los que no hay una respuesta.

Dicho de otro modo. Cualquier gobierno puede gobernar mientras reciba de los ciudadanos y de las instituciones de la sociedad cooperación, sumisión y obediencia constante. La sociología jurídica nos dice que el Estado, en casos de desobediencia generalizada de la ley, sólo puede obligar mediante la coerción al 15% de la población. El desafío político no-violento que se impulsa desde la Generalitat de Cataluyna es idóneo para negar al Estado el acceso a las fuentes de poder. Para alcanzar la soberanía la Generalitat no usa armas físicas como hizo el Gobierno del Estado el 1-O. Se vale de una lucha no-violenta variada y compleja. A diferencia de la violencia, emplea armas políticas, económicas, sociales y psicológicas, aplicadas por la población y las instituciones de la sociedad. Estas armas son las protestas, las huelgas, la desobediencia, la no-cooperación, el boicot, el descontento. Por eso cualquier medida de coerción o represión que pretende usar el Gobierno del Estado resulta tan ineficaz, que se vuelve contra quien la usa por un uso inteligente de la comunicación. El Gobierno, aunque cuenta con el apoyo inequívoco de la Unión Europea, visualizado en la entrega de los Premios Princesa de Asturias ha diseñado para combatir esta desobediencia no-violenta un plan de coerción jurídica propio del siglo XIX.

El principio de realidad impone la opción «paz, piedad, perdón». Esta elección debe arbitrar alguna solución que permita a los catalanes votar y expresar su voluntad sobre su futuro. Y distender el clima político. Incluso podría conducir a una Ley de Claridad. Ante un eventual fracaso de la coerción jurídica del artículo 155 y otras medidas, escenario no improbable, la otra alternativa es el artículo 116 de la Constitución: estados de alarma, excepción y sitio, que es la máxima fuerza y coerción que el Estado puede usar en democracia. El resultado de esta medida, como en cada intento que ha habido de imponer la unidad, será la libertad de los discrepantes. Cada opción nos conduce a una España diferente.

Francisco Soler es abogado y poeta
@twsur

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