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Doble cáliz: DUI y 155 simultáneos

El choque de trenes se ha impuesto, pero son más los catalanes que quieren mayor autogobierno (46%) que los que desean la independencia (36%)

28.10.2017 | 05:00

Hasta los muy buenos datos económicos se convierten en irrelevantes ante el conflicto catalán. El jueves se supo que el empleo había aumentado en 235.000 personas en el tercer trimestre y más de medio millón en el último año. Se superaban así, por primera vez desde el 2009, los 19 millones de ocupados. Nada de nada. En el fragor de los medios de comunicación el buen dato naufragaba ante el último –y fracasado– intento de negociación entre Madrid y Barcelona.

¿Pasará lo mismo en la vida real? ¿La recuperación económica se estrellará ante los efectos desestabilizadores de una DUI (declaración unilateral de independencia)? No sería razonable pero la racionalidad no siempre gana. Y no sólo en España pues Trump es, desde hace ya diez meses, el presidente americano.

El jueves los instintos estabilizadores de la sociedad catalana y española estuvieron a punto de lograr un arreglo para que la máxima expresión del choque de trenes (declaración de independencia y entrada en vigor del 155 de la Constitución) no llegara a materializarse.

Durante horas –hasta las cinco de la tarde– pareció que Puigdemont convocaría elecciones para evitar lo peor y tirar la pelota hacia adelante. Pero luego –tras ser acusado de traidor por el separatismo y por algunos de su propio partido– acabó haciendo marcha atrás argumentando que no había obtenido garantías suficientes de Madrid. ¿No aplicación del 155? ¿Libertad para los presidentes de la ANC y de Omnium? ¿Promesa de no persecución penal a los dirigentes independentistas?

En el seno del Gobierno catalán, el conseller Santi Vila, el político más representativo de la corriente pragmática de la antigua CDC –que acabó dimitiendo el jueves por la noche– se empleó a fondo para convencer a Puigdemont de renunciar a la independencia y convocar elecciones para que Madrid no interviniera la autonomía. Y utilizó sus contactos en la capital, empezando por Ana Pastor, la presidenta del Congreso y persona muy próxima a Rajoy, con la que tiene una buena relación desde que ambos estuvieron al frente de los departamentos de obras públicas de ambos gobiernos.

Y en paralelo se movieron políticos del PSC como el expresidente de la Generalitat y ahora senador José Montilla que se entrevistó con Puigdemont y sobre todo Miquel Iceta, primer secretario del PSC en contacto permanente con Pedro Sánchez, que se ha movido en la sombra, y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría con la que tiene una fluida relación. La portavoz del PSOE, Margarita Robles, no vaciló en sermonear a Rajoy en la sesión de control indicándole que si Puigdemont convocaba elecciones, el 155 carecería de justificación política y jurídica. También el lendakari Urkullu, que lleva semanas intentando mediar, tuvo un papel muy activo en las últimas horas tras recibir en directo la petición de ayuda de cuatro personalidades representativas de la sociedad civil catalana: el abogado Emilio Cuatrecasas, Mariano Puig (hijo) del grupo Puig, el notario Juan José López Burniol (Circulo de Economía y Fundación la Caixa) y el empresario catalanista Joaquim Coello (Fundación Carulla).

Pero no hubo arreglo. Por falta de convicción de Puigdemont, que no es un político que sepa nadar contracorriente y que hasta hace 22 meses sólo era alcalde de Girona. Y quizás también por falta de cintura del gobierno de Madrid. Al final el unilateralismo se ha impuesto y en votación secreta y con casi la mitad de los escaños vacíos –señal de protesta– ayer 70 diputados (sobre 135) han decidido una teórica independencia que la aprobación del 155 en el Senado hará imposible. Y no se pueden descartar enfrentamientos entre militantes separatistas y las fuerzas de orden público.

Lo más preocupante es que los dos gobiernos no han sintonizado con las aspiraciones de los ciudadanos de Cataluña. Una muy reciente encuesta de El Periódico de Cataluña indica que el 55% de los catalanes (contra el 40%) no creen que el resultado del conato de referéndum del 1 de octubre justifique una declaración de independencia y que sólo el 11% creen que esa declaración pueda tener apoyo internacional. Pero, por la otra parte, únicamente el 23% avala la intervención del Estado al amparo del 155.

Más todavía. A un 36% de catalanes le gustaría que todo acabara en la independencia, pero el 46%, diez puntos más, apuestan por un pacto de mayor autogobierno para Cataluña dentro de España y un 9% ya están conformes con la actual situación.

¿Cómo puede ser que los dos gobiernos –el de Madrid y Barcelona– no hayan tenido en cuenta los deseos de la ciudadanía? ¿Cómo se explica que el amplio deseo de una tercera vía –ni independencia ni statu quo– no haya prevalecido pese al fuerte apoyo que tiene en la sociedad catalana?

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