A poco más de mes y medio para las elecciones en Cataluña y una semana después de la aplicación del artículo 155 pera intervenir a dicha autonomía, el clima político dista de calmarse. El último episodio al respecto ha sido la orden de prisión preventiva a ocho consellers del cesado Govern de la Generalitat, acusados de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. Todo ello, mientras el también cesado presidente catalán, Carles Puigdemont, permanece en Bruselas, buscando dilatar cualquier posibilidad de extradición a España.

En ese sentido (y a la vista de las últimas encuestas publicadas), hay quiénes empiezan a cuestionar la decisión de Mariano Rajoy de haber convocado tan rápidamente las elecciones en Cataluña, con la intención de encauzar el conflicto político. Y es que dichos sondeos seguían mostrando un panorama semejante al de hace dos años: mayoría independentista en escaños (sin superar el 50% de votos), lo que vendría a enquistar el problema. Es probable que, en el ánimo del Gobierno, se estimara que los independentistas boicotearían las elecciones, con la esperanza de las que consideraran «ilegítimas» (tras haberse «proclamado» la República catalana). Sin embargo (y a la espera de lo que decida la CUP), las dos principales formaciones independentistas, ERC y PDECAT, aceptaban concurrir a los comicios del 21 de diciembre, con la intención de ratificar la mayoría de hace dos años. Para acabar de complicar las cosas, ya han aparecido las primeras denuncias ante la Fiscalía para ilegalizar a la CUP, lo que no generaría un clima adecuado para celebrar unas elecciones con garantías, como pretendía el Gobierno de Rajoy. Y empeoraría las opciones para buscar una salida del bucle en el que estamos.