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Dos mil hechos contra la teoría independentista

Más de 2.000 empresas han trasladado su sede social desde Cataluña. Ni el propio gobierno de España esperaba ese aluvión

06.11.2017 | 23:26

Ya son más de 2.000 las empresas que han trasladado su sede social desde Cataluña tras el primer chispazo de independencia. La desbandada, iniciada por los grandes bancos, es sin duda el mayor cortocircuito registrado en las redes que alimentan el separatismo. El cesado vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, había insistido una y otra vez en que esto nunca ocurriría. ¿No contaban con ello los expertos de las más prestigiosas universidades que durante los últimos años han escrito el argumentario económico de la independencia? ¿Ni siquiera Andreu MásColell, consejero de Economía con Artur Mas y en su día candidato al Premio Nobel? ¿A ninguno se le encendió la bombilla o es que prefirieron que el tema quedara en la oscuridad? Es cierto que en algunos informes hablaban de posibles deslocalizaciones. Esperaban que hubiera movimientos, claro que sí, pero no a la velocidad y con la intensidad que se han registrado. No obstante, también hay que decir que el decreto urgente que aprobó el Gobierno de España y que permitió a las compañías el cambio de sede exprés sin tener que someterlo al voto de los accionistas aceleró la fuga. Y también es cierto que ni el propio gobierno de España esperaba ese aluvión. Un informe de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Misterio de Exteriores sobre los efectos de una posible secesión, fechado en febrero de 2014, destacaba que la independencia de Cataluña y la salida de la UE podría tener como consecuencia una deslocalización de compañías extranjeras y «también muchas empresas catalanas o del resto de España establecidas en Cataluña se plantearían la conveniencia de establecerse en otras comunidades, dados los elevados costes comerciales, económicos y financieros que supondría estar fuera de la UE». Sólo se lo plantearían... Ahora bien, en el independentismo catalán el alejamiento de la realidad era mucho mayor. Los académicos del colectivo Wilson, fundado para contribuir al debate sobre la autodeterminación, se preguntaban en un artículo «¿Por qué querrían marcharse las empresas de Cataluña?» y sólo atisbaban una razón, y de carácter externo: «Ante un escenario catastrófico de boicots generalizados donde las ventas al resto de España bajaran un 80% es concebible que algunas empresas decidieran evitar el boicot saltando la valla». Y para los que se lo plantearan advertían: la deslocalización es un proceso que conlleva costes fijos muy elevados que sólo serían amortizados si las empresas esperaran unos boicots de muy larga duración. El colectivo Wilson, que utiliza el apellido del presidente de Estados Unidos que defendió el derecho de autodeterminación de los pueblos –y al mismo tiempo practicó un duro intervencionismo en Iberoamérica– está formado por Pol Antràs, catedrático de Harvard University; Carles Boix, catedrático de Princeton University; Gerard Padró i Miquel, catedrático de la London School of Economics; Xavier Sala i Martín, catedrático de Columbia University, y Jordi Galí y Jaume Ventura, investigadores del Centre de Recerca en Economía Internacional (CREI). Este colectivo reconocía que en una Cataluña independiente habría deslocalizaciones, movimientos de sedes a Madrid y cierres de empresas. «Claro que habría, al igual que ha habido y que continuarían existiendo si Cataluña siguiera formando parte del Estado español», añadían en uno de sus artículos, en el que apuntaban que para ellos la cuestión clave es el efecto que la independencia catalana tendría sobre los incentivos de las empresas multinacionales a establecer nuevas operaciones en Cataluña y sobre los incentivos de los catalanes a crear nuevas empresas. «En primer lugar, la independencia dotaría el Gobierno catalán de más discrecionalidad y recursos para llevar a cabo inversiones en infraestructura o políticas fiscales que incrementaran los incentivos de las empresas extranjeras a localizar su producción en Cataluña. En segundo lugar es difícil imaginar que un futuro estado catalán instaurase unas regulaciones peores que las que existen actualmente en España», apuntaban. En al menos 2.000 empresas, que eran catalanas, no piensan igual. Se fueron. Son hechos, no teorías.

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