Todo empezó el 17 de noviembre cuando un grupo de 500 jóvenes inmigrantes argelinos que había llegado en patera a las costas murcianas es internado en la cárcel Málaga II, en Archidona. La noticia cayó como una bomba en las organizaciones pro inmigrantes de la Plataforma de Solidaridad con los Inmigrantes de Málaga: ¿Cómo es posible que estos jóvenes que no han cometido ningún delito y solamente una infracción administrativa terminen en una cárcel? ¿Cómo es posible que se prive de libertad a estas personas en un espacio no habilitado legalmente? Porque el centro penitenciario de Málaga II es una prisión tal y como establece la Orden Ministerial que la creó, publicada en el BOE el 18 de marzo de 2017.
En nuestra dilatada trayectoria de la Plataforma recordamos cómo hace tres décadas se autorizó la apertura de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) a condición de que los migrantes no fueran a centros penitenciarios ¿Cómo ahora, saltándose la legalidad vigente, se abre una cárcel para ubicar a este grupo de migrantes? ¿Qué pudo informar el Ministerio del Interior a los jueces de Murcia para permitir el traslado a Archidona, sabiendo que el Tribunal Constitucional ha limitado a esta cartera habilitar centros de internamiento de carácter provisional? ¿Por qué la decisión adoptada por los juzgados no ha contado con una orden ministerial?
Volviendo al hilo de los hechos, desde el lunes día 20 constaba para las ONG que un total de 497 migrantes procedentes de Argelia estaban recluidos en el Centro Penitenciario Málaga II, un recinto cuya apertura estaba prevista para el 15 de diciembre. Una precipitada utilización de este centro para fines ajenos a su propósito. Sabemos que la Directiva Europea de Retorno Obligatorio, conocida como Directiva de la Vergüenza, permite de manera excepcional que se recurra a centros penitenciarios, pero, al igual que ocurre con otras directivas de la UE, no es de obligatorio cumplimiento y España además no lo ha aplicado a su ordenamiento jurídico. A las ONG las cogió de sorpresa, como a los propios internos que no sabían dónde estaban.
Por eso desde el primer momento intentaron, en primer lugar, conocer el número de internos, su situación y las condiciones de la cárcel. Algo difícil, pues los guardianes del centro eran y son muy reacios a la presencia de las organizaciones sociales en el lugar. Pero, poco a poco, van conociendo el número aproximado de internos, que al día de hoy se aproxima a los 570, y las deficiencias que el propio Defensor del Pueblo señala, la presencia de menores, las quejas de los familiares y una gran pregunta: ¿Qué pasará a partir del día 27 cuando finalizan los 40 días de encierro permitidos?
El objetivo de las ONG es acompañar a estos jóvenes migrantes en su internamiento, por lo que consideran imprescindible poder entrar. Quienes sí visitaron las instalaciones fueron los abogados de Málaga Acoge, que el lunes día 20 de noviembre, transmitieron a las organizaciones sociales que habían hablado con los internos a través de una mampara, la falta de agua potable y de línea telefónica. Pero más allá de los problemas logísticos de agua y comunicaciones, los letrados hicieron ver la conversión exprés de la cárcel en un CIE y la falta de personal capaz de ofrecer asistencia legal. La normativa que regula la actividad de los CIE establece que la Administración General del Estado debe poner a disposición de los internos trabajadores que les asistan a lo largo del proceso de resolución de sus expedientes. «Esto no es legal» es el grito de las ONG.
En opinión de Elisa García España, profesora de Derecho Penal y Criminología en la Universidad de Málaga -e integrante del Observatorio del Sistema Penal ante la Inmigración- el ingreso de los casi 500 migrantes en Archidona vulnera la legalidad por mucho que Interior se escude en la legislación comunitaria.
Las ONG insisten que los migrantes son tratados como presos y que su situación es un reflejo de las carencias españolas y europeas en materia de acogida. Creen que el despropósito de Archidona es un experimento, que puede salir bien o que puede salir mal, pero que tira por la borda la salvaguarda de los derechos de los migrantes y toda la legislación pertinente en relación a los CIE.
*Pernía es presidente de la Plataforma de Solidaridad con los Inmigrantes de Málaga
