Formo parte de la Red Feminista de Derecho Constitucional (RFDC), una asociación de más de medio centenar de profesoras y profesores de esta disciplina y otras afines, cuyo objetivo principal es reivindicar la igualdad de mujeres y hombres en todos los ámbitos de desarrollo de la vida humana. Desde su nacimiento en el verano de 2004, la RFDC ha promovido la necesidad de introducir la perspectiva de género en el Derecho, y especialmente en el Derecho Constitucional. Fue pionera en este sentido la publicación en 2005 del libro Género, Constitución y estatutos de autonomía, coordinado por las profesoras Teresa Freixes y Julia Sevilla. En marzo de ese mismo año, el Gobierno presidido por Rodríguez Zapatero encargó al Consejo de Estado la elaboración de un informe (que concluyó un año después) sobre modificaciones de la Constitución española, limitándolas a cuatro puntos: 1) la supresión de la preferencia del varón en la sucesión al trono, 2) la recepción en la Constitución del proceso de construcción europea, 3) la inclusión de la denominación de las comunidades autónomas, y 4) la reforma del Senado. Esa reforma, a todas luces insuficiente, especialmente por lo que a la perspectiva de género se refiere, nunca se acometió. Pero los mercados, bajo el paraguas de la troika europea, sí consiguieron en un pispás el consenso de los dos partidos mayoritarios para la reforma, en 2011, del artículo 135, asestando un duro golpe al precario Estado social y, con él, a las mujeres, sostenedoras hasta entonces de todo aquello a lo que el Estado social no llegaba y a partir de esa reforma, por tanto, las más perjudicadas. El destierro del bipartidismo por la irrupción de nuevas fuerzas políticas pareció remover las aguas de la reforma constitucional hace un par de años. Ahora es el conflicto desatado en Cataluña lo que parece que decisivamente va a traer cambios constitucionales. En apenas dos semanas se han publicado propuestas procedentes tanto del ámbito académico como del político. Unas plantean una reforma constitucional, otras abogan por un proceso constituyente, pero lo cierto es que en ninguna de ellas se considera necesario ni mucho menos prioritario introducir cambios, ya realizados a nivel legal, para que nuestro marco jurídico de convivencia se articule de tal forma que haga posible la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Desde la RFDC pretendemos, como venimos planteando constantemente desde aquella publicación de 2005, la desaparición de todas las estructuras e instituciones patriarcales presentes en el actual texto constitucional. Y eso obliga a reformular la Constitución, a incluir a las mujeres como sujetos del pacto constitucional. Con 39 años que cumple la Constitución, consideramos que ya es lo suficientemente madura para ello.

*Mar Esquembre es profesora de Derecho Constitucional