Pausa política. Causa general contra la Junta. ¿Era legal o no era legal el proceso del pago a empresas y trabajadores afectados por los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE)? Si fuera legal, se termina el caso. Hay otras comunidades autónomas que utilizaron el mecanismo de pago de los ERE sin que haya nadie imputado, ni abierta causa general. Es lo que esperan los defensas de los 22 imputados. Mientras, asistimos al calvario y tormento de quienes llevan años martirizados por determinada prensa y, en especial, por dirigentes del PP que han buscado agarrarse a un clavo ardiendo para tapar la galopante corrupción que asola a su partido, con los casos de la Gürtel, Púnica, Lezo, financiación ilegal del PP, pagos en B, discos duros de Bárcenas machacados, y personajes que están siendo ejemplo de cómo forrarse con dineros públicos tal cual Ignacio González, Paco Granados, Jaume Matas y largo etcétera. No importa lo que pasa en casa propia porque el Gobierno andaluz, gracias a la instrucción de la jueza Alaya, ha dado todos estos años un combustible impagable al PP. Y más, cuando hasta el mismísimo Mariano Rajoy, moderado por obligación y cargo, habló de que el fraude de la Junta ascendía a más de mil millones. De Moreno Bonilla, se podía esperar, pero no de Rajoy. Para el PP fue una tentación irresistible exagerar la dimensión del escándalo y valorar el fraude en miles de millones de euros, cuando en realidad y a tenor de los datos que se manejan en la instrucción, de los 771 millones en ayudas que se investigan tan sólo están acreditados 14 millones otorgados de forma fraudulenta.

Este juicio de la parte política de los ERE es un auténtico disparate, con recuerdo de inventos judiciales tan peregrinos de la juez Alaya como los que se sacó de su troyle cuando preimputó a Chaves y Griñán. Burbuja judicial levantada por la jueza Alaya de la que sabe, y mucho, el actual ministro de Interior, el sevillano Juan Antonio Zoido, el mismo que autorizó la adjudicación de 34 millones estatales para uno de los ERE investigados cuando era delegado del Gobierno en Andalucía. La Junta de Andalucía modificó los procedimientos para otorgar sus ayudas sociales; la administración central y otras comunidades, también.

Parece que se pinchará esta burbuja artificial, sin consistencia jurídica, como ya se puso de manifiesto en la absolución de Torrijos. El contubernio que está en el relato jurídico de la jueza Alaya y del PP, acusación particular junto a la nunca bien ponderada Manos Limpias, es un puro artificio, partida, por lo demás, aprobada año tras año por el Parlamento andaluz. Es sabido que la juez Alaya también quiso empurar a la Cámara andaluza y sus jefes y hasta la fiscalía le hizo llegar que sería como pasarse tres pueblos. Salvo en algunas mentes calurientas, que las hay, dentro y fuera de la judicatura, nadie puede pensar que tanto en el Gobierno como en el Parlamento andaluz se organizara una mafia para delinquir en el manejo de los fondos de ayuda al desempleo. Que hubiera un golfo suelto, nadie lo discute.

Siete años ha durado la investigación judicial, cuestionando la gestión y la honradez de los socialistas que gobiernan a Andalucía desde hace 35 años y es el principio del final de un juicio donde se va analizar la forma de gestionar lo público y cierto clientelismo en el reparto de las ayudas, pero no menos es cierto que será muy difícil, porque en la deficiente instrucción sumarial no queda acreditado, la existencia de una estructura piramidal delictiva en la que han estado implicados Gobiernos y Parlamentos de varias legislaturas, lo que no significa dejar de reflejar que existen unos informes de la Intervención general de que alertaban sobre la forma de pago de las ayudas pero sin que nunca dictaminara que había que terminar con el procedimiento que se extendió del 2001 al 2010.

Es de desear que este juicio, que va para largo, se sustancie dejando claro las responsabilidades, si es que la hubiera, y enterrar una etapa enormemente dolorosa para los imputados. Pero me temo que este juicio se cerrará a finales del próximo año, cuando estén cerca de las elecciones autonómicas del año 2019.

P.D.- (1) Paco de la Torre, fuerte como un toro, física y mentalmente, está dispuesto a que Elías Bendodo adquiera úlcera de estómago. La alcaldía de Málaga no está en almoneda.

(2) Fernández Montes, que hiciera de la alcaldía de Torremolinos la casa caciquil de una derecha caciquil, con ordeno y mando con puño de hierro, también está por amargar la existencia política de Bendodo. Cría cuervos€