España cierra un nuevo curso creciendo por encima del tres por ciento, con más empleo y menos déficit. Los vientos favorables se atenúan -el conflicto catalán va a reducir el crecimiento del país, la factura energética ha subido de forma notable y el impulso del BCE lógicamente irá disminuyendo-, pero en general el contexto mundial es el más favorable de la última década: algunas incógnitas populistas se han despejado, el recorte de impuestos en Estados Unidos favorecerá a las grandes empresas -al menos a corto plazo- y los motores europeos empiezan a arrancar de un modo significativo. Los cisnes negros llegan cuando nadie los espera, por lo que conviene aplicar políticas prudentes que permitan revertir el ciclo si aparecen de nuevo los nubarrones. Lo que, por supuesto, no excluye que la bonanza de este momento no deba aprovecharse para liquidar algunas fracturas que la crisis ha acumulado. Lo más necesario sería poner las bases para una consolidación fiscal que sanease y robusteciese las cuentas públicas a una o dos décadas vista: por ejemplo, las de las pensiones, la sanidad y la educación públicas. Lo más inmediato, en cambio, sería actuar de forma acelerada sobre los salarios para recuperar el depauperado poder adquisitivo.

El acuerdo, firmado entre el Gobierno y los agentes sociales (sindicatos y patronal), para incrementar el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 850 euros en tres años supone una magnífica noticia, que no sólo redunda en la justicia social sino que además facilitará la recuperación de la economía española mediante el estí- mulo de la demanda interna. Pero, sin duda, ni estas medidas son suficientes ni deben quedarse aquí. Cohesionar la sociedad exige reducir los impuestos a las clases trabajadoras -especialmente a los que cobran sueldos más bajos y a las familias- y mejorar las becas y las ayudas sociales, incluso en forma directa a través de cheques.

Ninguna política de bienestar será efectiva mientras no se logre articular una adecuada política que facilite el acceso a la vivienda -mediante compra o alquiler- a unos precios razonables. Por otro lado, la subida del SMI queda corta, aunque manda una clara señal al mercado: tras años de fuerte austeridad, conviene aumentar los salarios. Al menos, todas aquellas empresas que cuenten con balances sólidos y beneficios crecientes. Los nuevos convenios colectivos deberían ir en esta dirección, que reforzaría la cohesión social.

En el mismo sentido, otra señal positiva sería que en los próximos presupuestos se incluyera una subida del sueldo de los funcionarios por encima de la inflación prevista, que permitiese recobrar parte del poder adquisitivo perdido. Más y mejores retribuciones significa más y mejor demanda, y la demanda -como explica Keynes- termina generando oferta, crecimiento y, otra vez, más empleo. En la coyuntura española -con tasas de paro todavía altísimas-, la prioridad sigue siendo crear puestos de trabajo y ganar competitividad, consolidar el modelo exportador e incrementar las inversiones en innovación. De nuevo, más y mejores políticas públicas para impulsar el mercado nacional. Pero, por otra parte, hay empresas y sectores económicos que han hecho los deberes y que cuentan con márgenes para gratificar a sus trabajadores. No debemos desaprovechar la oportunidad, ahora que el ciclo es todavía favorable. Y no desaprovecharla significa que los incentivos deben ser razonables y prudentes, aunque también reales. De modo que, si entramos y salimos todos juntos de la crisis, los beneficios también se compartirán de forma generalizada. ¡Feliz Navidad a todos!