Estimada Fátima Báñez García, ministra de Empleo y Seguridad Social:

El día 2 del pasado enero se dirigió por carta a cada uno de los ocho millones de pensionistas españoles para informarles, como en años precedentes, sobre la revalorización de sus nóminas en 2018. La misiva ensalza cómo «el trabajo conjunto de la sociedad española ha permitido que nuestra Seguridad Social, principal herramienta de cohesión y solidaridad de nuestro país, atienda a más pensionistas que nunca y reconozca nuevas prestaciones y derechos». Luego reaparecen las cifras que los jubilados llevan grabadas desde 2014: por quinto año, la pensión sube el 0,25%, «con el objetivo de conciliar mejoras anuales garantizadas con la necesaria salvaguarda económica de las generaciones futuras».

Que la actualización de las pensiones apenas pase de nuevo de dos euros al mes ha agitado la movilización sindical y hecho emerger también protestas más espontáneas, convocadas a través de las redes sociales. Está certificado por los expertos que el mecanismo de revalorización que se aprobó en 2013, pegado al saldo de ingresos y gastos de la Seguridad Social y por ello al ciclo económico, favorece la sostenibilidad del sistema público a costa de hacer menos sostenibles a largo plazo los hogares de los pensionistas. Se estima que, en un escenario normal de precios, la pérdida de poder adquisitivo rondará el 30% durante la vida del jubilado, si bien en el conjunto del último lustro los ejercicios con inflación negativa permitieron mantener casi intacta la capacidad de compra.

Siendo inquietante lo que se vislumbra para los años que vienen, estas líneas quieren reparar más en la necesidad de que el Ministerio emprenda otra relación epistolar, esta con los jubilados del futuro. Desde 2011 está sin cumplir un compromiso que entonces pactaron el PP y el PSOE: informar a los trabajadores en activo con más de 50 años del importe estimado que tendrán sus pensiones al retirarse. La ´carta naranja´ -así bautizada en Suecia, el primero de una larga relación de países que la envía desde hace años- ni ha llegado ni se la espera a pesar (o precisamente por ello) de que su contenido sería muy valioso para los destinatarios. Conocer con antelación una aproximación solvente de la pensión futura pondría al trabajador en conocimiento de cuál será la diferencia entre sus ingresos en activo y los que tendrá a partir de la jubilación. Los economistas lo llaman tasa de reemplazo: la proporción del último salario que representa la pensión inicial. Ahora está en una media del 79% (una de las más generosas de Europa), pero en 2030 bajará al 60% y en 2060 del 50%, ha calculado la Comisión Europea, por los impactos de las reformas aprobadas en 2011 con el PSOE en el Gobierno y a partir de 2012 con el PP.

Enviar la ´carta naranja´ es técnicamente viable para la Seguridad Social, así que el retraso se explica más bien por razones políticas, por la factura que podrían pasar los ciudadanos si conocieran cómo afectarán personalmente a cada uno los cambios en el sistema. Los pensionistas son el 23% del censo electoral y los españoles de entre 50 y 64 años, casi el 25%. Es fácil entender el recelo de los gobernantes a ser transparentes en este asunto. Tan fácil como comprender el interés mayúsculo que pueden tener los españoles en saber cómo será su pensión, sea para tomar decisiones de ahorro quienes quieran y puedan hacerlo, para pedir que haya complementos a las pensiones públicas en las empresas a través de la negociación colectiva, para demandar otras reformas quienes así lo consideren o simplemente para votar de una manera informada. Es un derecho.

Atentamente, un futuro jubilado.