24 de febrero de 2018
24.02.2018
Nuestro mundo es el mundo

La dura cuesta de febrero

23.02.2018 | 23:59

Las elecciones catalanas del 21-D representaron un éxito de la normalización lograda con el 155. Indudable. Pero mostraron también los límites del método Rajoy para afrontar la poliédrica realidad. Porque el secesionismo –pese a su fracaso en la independencia– logró mantener su mayoría absoluta y además el PP sufrió un varapalo (sólo obtuvo 4 diputados cuando tenía 11) frente a Cs que saltó de 25 a 36.

En enero ya se vislumbraron las consecuencias: parálisis política en España pues el PNV no quiere votar los presupuestos con el 155 vigente, fuerte subida de Cs en las encuestas, y aparición de lo que Pedro Sánchez definió (en Antena 3) como «pugna neoconservadora». Pero ha sido en febrero cuando más se han visualizado los graves efectos del 21-D sobre la gobernabilidad lograda por Rajoy con los presupuestos del 2017. Ximo Puig, el presidente socialista valenciano, lo ha sintetizado bien: «España está paralizada, parece que la política catalana ha generado una hegemonía abrasiva respecto a la española».

Y esta «hegemonía abrasiva» está degradando la política española –la catalana ya lo estaba– hasta extremos ridículos. Quizás la censura de Ifema, controlada por la Comunidad de Madrid (PP), en Arco a la obra Presos políticos en la España contemporánea de Santiago Sierra, que alude a los políticos catalanes encarcelados por el Supremo, sea la máxima expresión de esta degradación. El prestigio mundial de Arco ya había descendido desde el abandono de las galerías americanas. Pero que en una feria de arte contemporáneo se censure una obra por motivos políticos –cuando la provocación es habitual en la expresión artística– indica demasiadas cosas: histeria del PP respecto a la crisis catalana, supeditación a ella del respeto a la libertad artística, despreocupación por el posible daño causado a Arco y a la propia marca España, y altas dosis de estulticia operativa.

El PP, Cristina Cifuentes como mínimo, sólo ha logrado aumentar la notoriedad de una obra sobre los que la mayoría de catalanes (no sólo soberanistas) creen que son presos políticos, y además dopar los beneficios de la galerista Helga de Alvear y la marca del artista. Y el ridículo ha sido tan aparatoso que el ministro Méndez de Vigo tuvo que declarar en TVE (24 horas después) que el Gobierno no sabía nada de nada. E Ifema se vio condenada al papelón de pedir excusas. Nadie ha salido bien librado de este estúpido lance, excepto la alcaldesa Manuela Carmena y Cs, que ha sido fiel –esperemos que no sea excepción– a su definición liberal y que ha sido más coherente que la portavoz parlamentaria del PSOE, víctima de una acusada falta de reflejos.

Pero lo de Arco no es una excepción sino un síntoma de la desorientación y la pelea interna del centro-derecha en su carrera por enfundarse la bandera española frente a la crisis catalana. ¿Cómo si no juzgar la felicitación del pasado fin de semana de Mariano Rajoy a Marta Sánchez por haber puesto letra al himno de España y la de Rivera, que elogió el «gesto de valentía» de la cantante de Miami? ¿No saben que el himno de España no tiene letra como fruto de un amplio consenso político?

La desorientación tiene un tinto más grave cuando el Gobierno –al parecer incitado por Cospedal y el aparato de Génova– habla un día de cambiar, al amparo del 155, la normalización lingüística en Cataluña y pocos días después, y tras una sentencia del Constitucional contra la ley Wert (el ministro que dijo que había que españolizar a los niños catalanes), debe admitir no poder hacerlo. Al menos el democristiano Méndez de Vigo sabe rectificar.

Y el nerviosismo también sube en Cataluña donde el independentismo se está demostrando incapaz de pactar y de formar un gobierno que intente alguna normalización y tenga la voluntad de ´recoser´ Cataluña, como sugirió Roger Torrent en su primer discurso como nuevo presidente del Parlamento.

En ERC y el PDeCAT se va imponiendo el realismo y querrían gobernar ya, pero para Puigdemont y su veintena de diputados irreductibles la prioridad es otra: defender la legitimidad de la República. ¿Sólo el 21,6% que votaron Puigdemont son catalanes legítimos?

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