Creo que una parte de la opinión española -partidos, medios de comunicación, columnistas, tertulianos- tiene desviados, como una brújula que marcase el Sur en lugar del Norte, los parámetros de enjuciamiento de la realidad, principalmente de la que tiene que ver con ese conjunto de sucesos y discursos que denominamos política. Y hablo aquí de los medios de comunicación que podemos denominar ´normales´, esto es, aquellos que no son propiamente instrumento de parte -como lo son los medios institucionales catalanes, tal TV3- o nido de ruido antisistema, avispero de velutinas. Y, por otro lado, me parecen comportamientos normales -quizás criticables desde algunos puntos de vista, pero no provocadores de extrañeza- aquellos en que los partidos mienten o arguyen con sofisterías para atacar al contrario y seducir a los suyos, por ejemplo, la crítica del PSOE a Luis de Guindos como candidato al BCE, por no ser mujer. Por lo mismo, podría criticárselo por ser calvo; pero mientras se conoce el efecto electoral de la acusación en un determinado grupo de mujeres ignoramos por completo qué guía el voto de los calvos. Examinemos tres ejemplos. El primero, el tratamiento exactamente igualitario que los medios dan a Puigdemont y a las actuaciones o manifestaciones de las instituciones o personas dentro de la legalidad. ¿Se han fijado ustedes que se maneja con la misma amplitud un tuit del prófugo que una sentencia del Constitucional o una manifestación del presidente del Gobierno? ¿Que no se omite ni una sola egurgitación del in partibus? ¿Que, incluso, no es infrecuente, especialmente en la televisiones, incluidas las públicas, que abra con imágenes la respuesta del waterluiano y después se resuma oralmente la causa que provocó aquella respuesta? Y no se trata sólo de una cuestión de legitimidades, sino también del tamaño de las poblaciones a que unos representan frente al otro.

Vayamos al segundo. La actuación del Gobierno frente a la inminente investidura telemático-exiliar de Puigdemont, acudiendo con un recurso, primero, al informe del Consejo de Estado, después ante el Constitucional. Les recuerdo que el Consejo de Estado desaconsejó aquel recurso y que el Constitucional no le dio respuesta directa, pero que, estimulado por él, emitió un dictamen que evitó que Puigdemont fuese investido, hubiese un presidente de la Generalitat ´legítimamente´ nombrado por el Parlamento catalán y provocase un gravísimo conflicto posterior que implicase incluso, por acción u omisión, a la Corona. Es decir, que aunque fuese con renglones torcidos, la actuación del Gobierno consiguió lo pretendido. Pues bien, en toda esa trayectoria hasta el pronunciamiento del Constitucional y sus efectos, e incluso después de ver estos, los palos recayeron en bastiazu sobre el Gobierno, no sobre los independentistas catalanes ni sobre las pretensiones del prófugo. Y aún hoy hay bastantes que siguen esperando un fallo censor del Constitucional sobre el recurso. Señalemos, por fin, que muchos de los apaleadores del Gobierno por obrar en esta ocasión son los mismos que lo venían vituperando insistentemente por no obrar.

El tercero son las irregularidades de gasto para el ´proceso´ que el Govern pudiese haber cometido con el dinero del Fondo de Liquidez Autonómica, cuyos fondos estaban en principio controlados por el Gobierno central. Ante una sospecha de un juez al respecto, los tiros ya se han dirigido hacia el Ejecutivo pidiendo responsabilidades. Dejemos a un lado las dificultades que debe entrañar el controlar la correspondencia de cientos de miles de facturas con los actos con que se justifican; apartemos, asimismo, los errores en el control por parte de los funcionarios o la imposibilidad de hacerlo al cien por cien. Vayamos al centro de la cuestión: una vez más parecen desviados los parámetros de enjuiciamiento de la realidad, el Norte de la brújula con el Sur. ¿Cómo es posible que el enfoque de la culpa se oriente hacia el Gobierno y no hacia los tramposos y sediciosos? Sí, lo sé, es la política. Pero hay políticas y políticas. Comportamientos aceptables (he puesto uno en el caso de la candidatura del ministro de Economía) en política y otros de dudosa responsabilidad.