Llevan la protesta en su ADN. Las calles no les son ajenas. Vivieron su juventud en plena Transición y se forjaron en cientos y cientos de batallas y huelgas generales reclamando libertad, derechos, trabajo, salarios dignos, convenios laborales..., y corriendo por las calles de media España delante de los grises. Hace más de cuarenta años empapelaban las ciudades para convocar las manifestaciones, pero ahora se mueven con naturalidad en las redes sociales al igual que sus nietos y convocan vía Twttier, Facebook o a través de grupos de WthatsApp manifestaciones y concentraciones para visibilizar sus reclamaciones. Es la vuelta a las barricadas, pero con 70 años y algunos achaques.
El movimiento de los jubilados contra la subida del 0,25 % de las pensiones ha pillado fuera de juego a los partidos políticos que andan como locos ahora improvisando medidas para evitar que les asole electoralmente el tsunami de la marea de las canas. Los partidos están contra las cuerdas y buscan su hueco. Los pensionistas que ahora salen a las calles fueron los que en su día ayudaron a crear el Estado del Binestar y ahora, tras una vida de trabajo y cotización, ven como todo se desmorona delante de sus ojos. Se sienten marginados, olvidados, silenciados y poco reconocidos por los partidos pese a que durante años han sido el sostén de miles de familias con su exigua paga para afrontar la brutal crisis económica que sufrió España. Ya no quieren ser ese colectivo facilón que cada cuatro años arrastraban a las urnas a base de promesas que luego se quedaban en el tintero. Ahora su voz se escucha en las calles y los políticos tiemblan.
La luz roja se ha encendido en los cuarteles generales de los partidos. Perdidos en el debate del laberinto catalán, no han prestado suficiente atención o han minusvalorado a un movimiento que ha sabido colocar con un par de arreones en el centro del debate la indignidad de las pensiones tras las reformas estatales de 2011 y 2013. La espoleta fue el anuncio del Gobierno de una subida para 2018 del 0,25% frente al 1,2 de incremento del IPC ( el índice de revalorización aprobado en 2013 aconseja al Gobierno un aumento mínimo del 0,25% mientras el sistema esté en déficit).
La marea de los pensionistas, la marea de las canas y de los rostros arrugados, se escapa al control de los partidos, pues más allá de la heterogeneidad de la procedencia, el objetivo común es claro y su capacidad de movilización parece, de momento, sorprendente. Con un par de protestas multitudinarias han situado en la agenda política su reivindicación como se comprobó este pasado jueves donde los partido se vieron obligados a mover ficha, movimiento que relegará, sin duda, un acuerdo global sobre las pensiones.
Mientras miles de pensionistas desafiaban la lluvia en Madrid y se manifestaban a las puertas del Ministerio de Hacienda, a escasos metros los diputados que integran la comisión del Pacto de Toledo se reunían para hablar de la reforma integral de la Seguridad Social, pero en la agenda no estaba previsto abordar cambios en el mecanismo de revalorización anual tras fracasar las negociaciones en las últimas semanas.
La oposición, que vió una nueva brecha en el ejecutivo de Mariano Rajoy al oír los gritos de la calle, cambió el paso y, casi en bloque, exigió abordar ya la revalorazación y cómo se mantiene el poder adquisitivo de los pensionistas, lo que provocará que se diluya una reforma en profundidad del sistema -objetivo marcado por el Gobierno del PP- con unos números rojos superiores a 18.800 millones en 2017 por segundo año consecutivo.
Pero esta jugada de la oposición tiene mucho de política, pues esta reunión se ha convocado un día antes de que se celebre el pleno monográfico sobre pensiones que anunció Mariano Rajoy, por lo que si el presidente del Gobierno pretendía el 8 de marzo anunciar alguna medida o reforma parcial del sistema de la Seguridad Social, llegará a la sesión sabiendo que casi todos los grupos de la oposición piden una fórmula que garantice el poder adquistivo de los pensionistas. Tiene poco margen.
La intención de la mayoría de los partidos de la oposición es acorralar al Partido Popular en la reunión del Pacto de Toledo presentándo al PP como el único partido que no quiere revalorizar las pensiones con el IPC para evitar que los pensionistas pierdan poder adquisitivo. Y quieren hacerlo antes de que Rajoy acuda al pleno monográfico del Congreso, para presionar también al Gobierno. PSOE y Unidos Podemos confían incluso en que Ciudadanos se sume a esta estrategia, después de que su presidente Albert Rivera se haya declarado dispuesto a hablar de dicha revalorización pese a que ha dado la batalla por la «desindexación» (eliminar la referencia del IPC en los salarios y los servicios públicos).
Rajoy, una vez más, está acorralado por los acontecimientos, pero esta vez con el gravamen de que hay nueve millones de votos en juego, el de los pensionistas, el principal y más fiel vivero electoral del Partido Popular.
