El movimiento de los jubilados contra la subida del 0,25% de las pensiones ha pillado fuera de juego a los partidos políticos, perdidos como andan en otras batallas a las que tampoco encuentran solución, como la de Cataluña. Por poner un ejemplo.

Y no solo eso, da la impresión de que es una «marea» que escapa a su control y que ha arrastrado a su paso a las organizaciones de jubilados de los principales sindicatos, que luchan por no perder la estela.

Es muy complicado encontrarle una cabeza al movimiento. Se trata de un conjunto de colectivos que se organiza aprovechando las redes sociales, especialmente Twitter y Facebook, aunque también se apoyan en grupos de WhatsApp. Desde la Marea Pensionista catalana hasta los «iaioflautas» valencianos, pasando por plataformas en defensa de las pensiones públicas.

Sin embargo, al margen de la heterogeneidad de la procedencia, el objetivo común es claro y su capacidad de movilización parece, de momento, sorprendente. Los protagonistas ya no son la generación silenciosa a la que estaban acostumbrados los partidos políticos. Un colectivo al que arrastraban a las urnas a base de promesas que se quedaban solo en eso.

La generación que protesta ahora tiene alrededor de 70 años de media y es la misma que luchó en los últimos años del franquismo, peleó por la transición, protagonizó huelgas generales y tiene muy reciente el 15- M. Una generación acostumbrada a las estrategias y a reivindicar en la calle, como demuestran un día sí y otro también.

La demostración más clara de su capacidad es que ha conseguido con solo un par de empellones públicos colocar en el centro del debate político su reivindicación, dejando fuera de juego a la mayoría de los partidos, que han tenido que improvisar respuestas.

Algunas, como la del ministro Cristóbal Montoro, en apariencia futil, ya que ha anunciado compensaciones a través del IRPF para los pensionistas, cuando el 63% de ellos, más de 6 de los 9 millones de jubilados, no debe hacer la declaración de la renta porque sus ingresos están por debajo de los 12.000 euros anuales.

Y otras propuestas, como la anunciada por PSOE y PDECat -en línea con la de Unidos-Podemos- de subir un 1,6% este año, similar a la previsión de subida del IPC, resulta una solución temporal, si es que llega a aprobarse en el Congreso de los Diputados, institución que se ha convertido en el objetivo de sus manifestaciones.

El movimiento de protesta de los pensionistas ha conseguido, además, reabrir la discusión sobre el índice de revalorización de las pensiones en el seno del Pacto de Toledo, y ha obligado a Mariano Rajoy a anunciar un debate en el Parlamento sobre las pensiones.

Hay nueve millones de votos en juego que han empezado a poner nerviosos a los partidos, especialmente al PP. El barómetro del CIS del pasado mes de enero concedía el 28,8% de los electores mayores de 65 años al PP; el 19%, al PSOE; el 10,9% a Ciudadanos y el 1,8%, a Podemos. A los populares, además, la revuelta nacida de su principal vivero electoral, el más fiel -hasta ahora-, le ha llegado en medio de otra batalla más cruenta, la que mantiene con el partido de Albert Rivera. Aunque en el tema de las pensiones no está muy claro que Ciudadanos pretenda abrir una batalla con los populares por una subida. «Quisiera sumarme a subir las pensiones, pero no quiero engañar a los españoles», señaló ayer, lacónico, el líder del partido naranja. Una organización que ha dado la batalla por la «desindexación» (eliminar la referencia del IPC en los salarios y los servicios públicos).

¿Hasta dónde llegarán las protestas de los pensionistas? Esa es la pregunta que deben de estar haciéndose los partidos. Si el movimiento no se frena antes de las próximas elecciones puede resultar un peso decisivo a la hora de desnivelar la balanza.