Transcurridos más de tres meses desde la celebración de las elecciones en Cataluña, estamos casi igual que el 21 de diciembre: existe una mayoría independentista que no logra ponerse de acuerdo para investir a un presidente de la Generalitat, fruto de las contradicciones de un movimiento que no sabe qué hacer con sus 70 escaños al mismo tiempo, insuficientes para llevar adelante sus planes de independencia unilateral, tras la intervención autonómica y la acción judicial sobre los líderes del secesionismo.
Tras la investidura fallida de Jordi Turull, tercer candidato propuesto por el partido más votado entre los independentistas, Junts per Catalunya, ahora sí corre el plazo para la repetición de los comicios, si los secesionistas no consiguen consensuar un nombre que obtenga la mayoría en los próximos dos meses.
Vuelve a surgir la opción de la antigua directora de Coordinación Interdepartamental de la Generalitat y también diputada de Junts per Catalunya, Elsa Artadi (que, para el Gobierno, sería aceptable, dado que no está inmersa en causas judiciales). Ocurre que también debe serlo para los anticapitalistas de la CUP (que solo están dispuestos a apoyar a un candidato que «despliegue la República catalana»). En caso contrario, los dos ex miembros del Govern que aún conservan la condición de diputados, Carles Puigdemont y Toni Comín, deberían renunciar a su acta para que Junts per Catalunya y Esquerra Republicana pudieran formar un nuevo Ejecutivo. Pero esta circunstancia no se atisba, a corto plazo.
Así que proseguirá la aplicación del artículo 155 (pese a que el Gobierno ha dado muestras de querer quitarse el asunto de encima, para lograr el apoyo del PNV a los Presupuestos) y se mantendrá el bloqueo institucional (al gusto del núcleo irreductible de Puigdemont y de la CUP). Continuará.
