04 de abril de 2018
04.04.2018
El espíritu de las leyes

El gobierno de los jueces

04.04.2018 | 05:00

La expresión que da título a este artículo se hizo célebre en los debates de teoría constitucional a partir de un libro de Edouard Lambert: El gobierno de los jueces y la lucha contra la legislación social en los Estados Unidos (1921). En esta obra (de la que Tecnos hizo una edición magnífica en 2010) advertía su autor, a partir de la experiencia norteamericana, acerca de los abusos que el control judicial de las leyes podía ocasionar dentro de la estructura institucional del Estado liberal democrático. La desconfianza hacia los jueces ha sido además una característica del constitucionalismo europeo, que en buena medida se superó, por exigencias del Estado de Derecho, en las Constituciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial, pero que nunca ha desaparecido del todo. Esta vieja susceptibilidad me la han evocado unas recientes manifestaciones del expresidente Felipe González, de gran repercusión mediática, sobre la actuación del magistrado Llarena en la causa especial contra los líderes del independentismo catalán.

Antes de que conociera el auto de procesamiento de la dirigencia secesionista, González, al parecer, expresó su deseo de que el juez del Tribunal Supremo no metiera en la cárcel a ninguno de ellos, y añadió: «Nos amparamos en las togas porque como políticos somos unos inútiles. Una vez que ese proceso [de judicialización de la política] llega a un determinado punto de saturación, la Justicia empieza a tomar decisiones políticas. Eso se llama gobierno de los jueces». El fenómeno no se limita únicamente a España, según Felipe González, que citó el caso de Brasil, donde, en su opinión, la Justicia también ha interferido en el destino del país: «Cuando perdemos vamos a que lo resuelvan los jueces», lo que implica que «la política se degrade porque está judicializándose». Dijo también que «al independentismo no hay que destruirlo, hay que ganarlo. Si ellos violan la ley, nosotros tenemos que ser exquisitamente garantistas».

He sostenido reiteradamente, un artículo tras otro durante los años del ´procés´, que, siendo inexcusable la firme aplicación de la ley, el problema político del separatismo catalán requería un tratamiento político y no una simple respuesta judicial. Por ejemplo, el plan federalista del PSOE, aun perfilado sólo a grandes trazos y todo lo discutible que se quiera (sobre todo en la versión plurinacional del sanchismo-icetismo), constituyeindudablemente una respuesta política; y la Comisión del Congreso encargada de estudiar la reforma territorial del Estado, recientemente abandonada por Ciudadanos, supone una manifestación de que el poder legislativo ha adquirido conciencia, aunque todavía tímidamente, de que resulta ya indispensable plantearse en serio una modificación de la Constitución. Pero dicho esto, y siendo honestos, ¿de verdad alguien cree que está haciendo política el juez Pablo Llarena? ¿Cabe afirmar seriamente, como parecen insinuar algunos columnistas de la prensa barcelonesa de probada mala fe, que es él y no el Gobierno el que está dirigiendo el país en lo que se refiere a la grave (y mañana tal vez gravísima) cuestión catalana? En suma, ¿se puede hablar en España de ´gobierno de los jueces´?

La Constitución proclama el principio de exclusividad de la jurisdicción: sólo los jueces (y no el Parlamento o el Gobierno) pueden juzgar, y no pueden hacer otra cosa que juzgar (y no gobernar ni legislar). ¿Desconoce esta regla básica del Estado de Derecho Felipe González? ¿Dónde está la naturaleza política del auto de procesamiento dictado por Llarena el pasado 21 de marzo? ¿Tienen naturaleza política los autos de prisión provisional o las órdenes europeas de detención? ¿No son recurribles tales decisiones? ¿No se ha sido exquisitamente garantista con los primero investigados y luego procesados?

La opinión, legítimamente defendible, y sostenida por reputados penalistas (otros no menos prestigiosos han sostenido lo contrario), de que los dirigentes procesados no han cometido el delito de rebelión, sino en su caso el de sedición, en modo alguno descalifica como político el auto de procesamiento. Es en el juicio oral de la causa donde, a la vista de las pruebas practicadas, precisan las partes la calificación final de las conductas objeto de enjuiciamiento. A su vez, el encarcelamiento de una persona investigada o procesada es una decisión que no se rige por criterios de oportunidad o prudencia políticas, y mucho menos por la relevancia política o social de esa persona. Lo que está entonces en juego es nada menos que el derecho fundamental a la libertad personal. Por lo tanto, únicamente en los supuestos y causas contemplados en la ley procesal y tras una atenta ponderación de las circunstancias a la luz del principio de proporcionalidad, cabe adoptar una resolución tan grave como la privación de libertad. Resolución que ha de ser motivada, razonable y jurídicamente convincente. Afirmar que esto es hacer política es afirmar que los jueces prevarican siempre que dictan una orden de prisión contra un político. Curiosa modalidad de corporativismo profesional la de Felipe González. ¿Es que para no hacer política hay que liberar a Jordi Sánchez o a Oriol Junqueras? ¿Es que para ganar al independentismo sin destruirlo, como quiere Felipe González, debe renunciar el Estado a la persecución penal de quienes infringen las leyes? Eso no sería «exquisitamente garantista». Sería suicidarse. Y suicidarse por amor, como Madama Butterfly, o por sentido del honor aún tendría un pase, pero ¡suicidarse por Puigdemont, hombre de Dios!



*Ramón Punset es catedrático de Derecho Constitucional
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