Más allá de cómo termine la legislatura catalana (los partidos independentistas tienen hasta el 22 de mayo para lograr investir a un presidente de la Generalitat, si quieren evitar la repetición de las elecciones), quizá conviene poner las luces largas para saber cómo puede evolucionar la situación en Cataluña, en los próximos años.

A raíz de los resultados de las últimas elecciones autonómicas (en 2015 y 2017, saldadas con una participación alta y, por tanto, representativas de la sociedad catalana), las posiciones dibujan una situación de empate inestable (con una victoria, en escaños, del bloque independentista, pero con ventaja en votos del constitucionalista, algo por encima del 50%, frente al 47-48% de los secesionistas).

Pero es que los datos estructurales también apuntan algo parecido, con alta probabilidad de cronificación del conflicto. En un estudio elaborado por el catedrático de Psiquiatría Adolf Tobeña (a partir de los resultados electorales citados y de encuestas del Centre d´Estudis d´Opinió, organismo de sondeos de la Generalitat), se observa que ambos bloques de votantes aparecen consolidados, con riesgo de que se formen fronteras de carácter lingüístico y socioeconómico. Así, mientras el independentismo es mayoritario en entornos de nivel educativo y económico medio-alto y altos, predominantemente catalanoparlantes, el constitucionalismo domina en parados, jubilados y castellanoparlantes, con ingresos y nivel educativo bajo y medio-bajos. Por supuesto, esta foto fija podría verse alterada por factores que desconocemos (¿cómo afectará al voto la próxima recesión? ¿cómo votarán los emigrantes latinoamericanos nacionalizados, ante el progresivo fallecimiento de personas llegadas a Cataluña de otros puntos de España, hace 50 ó 60 años?). Pero, eso, es otra historia.