Desde 2014 han muerto más de 14.000 personas ahogadas en el Mediterráneo, según datos de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM): Hombres, mujeres, niños y niñas que huían de la violencia, la persecución o la esclavitud en busca de una vida segura. Es deber de los Gobiernos mirar de frente lo que está ocurriendo en nuestras costas y no mirar hacia otro lado, criminalizando, encima, la solidaridad de las oenegés y activistas que ayudan a los migrantes y les salvan de la muerte.

A la ONG Proactiva Open Arms le confiscaron su embarcación y acusaron de favorecer la inmigración clandestina y de asociación criminal tras su última operación en la que puso a salvo a más de 200 náufragos. Vivimos en el mundo al revés donde se culpabiliza al salvador. Se pone en el punto de mira en la solidaridad: Ahí está también la causa contra la activista Helena Maleno, investigada por «tráfico de personas» a raíz de una actuación poco clara de las autoridades españolas, cuando ha salvado muchas vidas con sus llamadas a Salvamento Marítimo, o el juicio contra los tres bomberos de Proem-Aid, acusados del mismo delito y finalmente absueltos.

¿A los Gobiernos no les importan estas personas que se juegan su vida en el mar?

Pareciera que no sólo no quieren rescatar a las personas, sino que buscan que las ONG y activistas que lo hacen de forma altruista desaparezcan. Y es que no sólo se criminaliza la solidaridad sino que los recursos que tiene la administración europea para proteger a los migrantes y refugiados han desaparecido. Ni siquiera hubo una voluntad política seria de querer cumplir con los acuerdos de cuotas de acogida de personas refugiadas con apenas un 30 por ciento de grado de cumplimiento.

Ante la opinión pública se equipara a Helena Maleno, a Proactiva Open Arms y a los tres bomberos andaluces de Proem-Aid con los criminales que trafican con personas para desincentivar el trabajo de la ONG que salvan vidas e invisibilizar de esta forma lo que está pasando en el Mediterráneo. ¿Y los verdaderos traficantes, cuándo aparecen en las noticias? ¿qué hace el Gobierno con ellos? Eso no se sabe.

Cada vez se ponen más trabas a la llegada de migrantes y refugiados. Las políticas de la Unión Europea se enfocan en el control de fronteras y en la externalización sin velar por los derechos humanos de las personas, como se pone de manifiesto en los tratados firmados entre la Unión Europea y Turquía y el acuerdo entre Libia e Italia. Libia es un país que permite la esclavitud, violaciones, agresiones sexuales y asesinatos en nombre del control de la migración, según ha advertido en un informe el Alto Comisionado de la ONU de Derechos Humanos. Hoy por hoy, los mejores representantes del ideal europeo de estos Derechos Humanos son, precisamente, los activistas a los que los gobiernos criminalizan.

El Mediterráneo se está convirtiendo en un cementerio. Es imposible impedir que lleguen personas que escapan de guerras. Los estados europeos lo saben pero parece darles igual. Se mira para otro lado y se hacen tratados con terceros países para que hagan el trabajo «sucio». Los acuerdos con Libia han cambiado el escenario y ya no se trata de rescatar para salvar, sino de rescatar para devolver e impedir que lleguen a territorio europeo. En esa línea, las organizaciones humanitarias se han convertido en un estorbo. El ambiente es cada vez más hostil para ellas y sólo quedan cuatro de los trece barcos de rescate que llegó a haber en 2016. ¿Qué sinsentido es sancionar la ayuda de quienes quieren apoyar de forma altruista a personas refugiadas y migrantes? La ayuda humanitaria y la solidaridad entre seres humanos no puede ser de ninguna forma ilegal. Hablamos de derechos. De sus derechos... y de los nuestros.