Carpetazo al ´caso Camps´

la opinión. Valencia La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano ha archivado la causa abierta contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, por un delito de cohecho al estimar que no hay relación entre los "agasajos" que pudo recibir y la adjudicación de contratos públicos a Orange Market.
El auto, dictado el pasado sábado y hecho público ayer, incluye el voto particular de uno de los tres magistrados que componen la Sala, Juan Montero, quien cuestiona la interpretación del artículo 426 del Código Penal (cohecho impropio) que han hecho los otros dos jueces y admite no estar convencido de que los hechos no sean constitutivos de delito, como argumenta la resolución.
La Sala reconoce que tanto Camps como el secretario general del PPCV, Ricardo Costa, el ex vicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret podrían poseer diferentes prendas de vestir abonadas por Orange Market, empresa ligada a la ´trama Gürtel´.

Falta de certeza. Así lo dijo en su momento el juez instructor de la causa y así admite la Sala que podría haber ocurrido, aunque agrega que ninguna conclusión extraída de la fase de instrucción puede tener el grado de "certeza", ya que "no cabe descartar otras posibles versiones de los hechos", como las sostenidas por los imputados.
No obstante, el auto argumenta que no existe un "nexo de causalidad" entre estas "dádivas o regalos" que podrían haber recibido los cuatro imputados y las adjudicaciones de contratos públicos obtenidas por Orange Market, lo que a su juicio anula la existencia de delito.
El artículo 426 señala literalmente que "la autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente incurrirá en la pena de multa de tres a seis meses".
En este sentido, niega cualquier posibilidad de delito por parte de Costa, ya que desde su cargo de diputado autonómico no es capaz de influir para elaborar una ley que beneficie a la citada empresa –una hipótesis "extravagante", califica el auto"–, y su cargo político queda fuera de la función pública. Respecto al resto de los imputados, los argumentos son similares.
Según detalla, "el ámbito de las funciones" desempeñadas por Camps, Betoret y Campos "no tienen por objeto la aprobación y adjudicación de los concretos actos de contratación que le fueron adjudicados a la sociedad Orange Market".
La resolución puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, que no entrará en materia penal ni valorará nuevas pruebas, según fuentes jurídicas.
La Fiscalía Anticorrupción ha anunciado que recurrirá el archivo de la causa ante el Supremo por entender que los argumentos de la Sala del TSJCV son "contrarios a derecho y a la propia jurisprudencia del Supremo, además de improcedentes jurídicamente". También será recurrida por el PSPV-PSOE, según su secretario general, Jorge Alarte, quien acata el auto pero no lo comparte.
Además de archivar la causa, la Sala desestima los recursos de las acusaciones para que se imputara en esta misma causa a los supuestos cabecillas de la trama.

Agradecimiento. Tras conocer el auto, Camps hizo una declaración institucional y expresó que su "obligación, convicción y compromiso" adquirido con la Comunitat y con España le harán seguir trabajando ahora "y en los próximos años" por la prosperidad del pueblo valenciano y por los españoles.
Asimismo, expresó su "agradecimiento a todas las personas que estos meses" han estado a su lado, "tanto en la Comunitat Valenciana como en toda España". Por su parte, Ricardo Costa expresó su satisfacción por el sobreseimiento de la causa, ya que, a su juicio, la justicia "ha salido a la luz".