PRINCESA SÁNCHEZ. MARBELLA
Anticipar la ejecución del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella es ilegal. Ecologistas en Acción y varias asociaciones de vecinos de la ciudad se basaron en este argumento para manifestar ayer su oposición a esta propuesta, planteada por el gobierno municipal del PP y la Junta de Andalucía, y anunciaron su intención de impugnarla ante el propio Ayuntamiento.
"Es una amnistía encubierta, una legalización por la puerta de atrás", denunció el activista Rafael Ávila, quien puso como ejemplo la situación del hotel Senator.
"En el avance del Plan General se suponía que la propiedad iba a compensar a Marbella, con parte del edificio para usos públicos como la creación de una residencia de mayores", recordó.
Ahora ya no. "Los propietarios del hotel van a poner como aval los 98 apartamentos que hay en la parte trasera. Es como si un juez le pide fianza a un ladrón y le paga con el dinero robado", afirmó el representante del colectivo vecinal Guadalpín, Alejandro Dogan.
Normativa. Los demandantes creen que el pacto no ofrece seguridad jurídica, ya que ofrece licencias de primera ocupación y apertura "en precario" a construcciones aún por regularizar sin adjuntar informes que garanticen el cumplimiento de la Ley.
"El propio acuerdo establece la provisionalidad de la solución" y al ser un convenio político del que "no derivan consecuencias jurídicas" no requiere de estos informes, explicó a este diario el portavoz del PP, Félix Romero, quien avanzó que cada una de los permisos otorgados si lo incluirá.
10:58
