PRINCESA SÁNCHEZ. MARBELLA
Si en algún momento existió otra posibilidad, ya se ha desvanecido. Los cerca de medio millar de alumnos que estudian música y danza en el conservatorio municipal de Marbella se verán obligados a mudarse a finales de año, un destino que se refleja en la reciente modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que ha efectuado el equipo redactor que encabeza el arquitecto Manuel González Fustegueras, bajo los criterios del gobierno municipal del PP.
Según ha podido comprobar La Opinión de Málaga, el nuevo documento urbanístico, pendiente de aprobación provisional, establece la parcela de 1.700 metros cuadrados que ocupa la actual sede como suelo privado, con la calificación especial de casco histórico que le confiere su ubicación en pleno centro de la ciudad, en la plaza Puente Ronda. Una situación muy diferente a la que Fustegueras había dibujado en un primer momento, al otorgarle el tratamiento de equipamiento público, una calificación que ponía sobre abría la posibilidad de que el Consistorio se hiciera con la titularidad del edificio para mantener su, hasta ahora, consolidado uso.
Ahora, la nueva calificación urbanística ha precipitado el futuro del conservatorio. A finales de diciembre, vence el contrato de alquiler que el Ayuntamiento ha mantenido durante quince años con los propietarios del inmueble, la sociedad familiar de la que forma parte el concejal de Sanidad, Antonio Maíz, cuyo cargo público le imposibilita mantener este beneficio privado y, por tanto, renovar el contrato.
Incompatibilidad. La Ley de Contratos del Sector Público, que entró en vigor el pasado abril, prohíbe a las administraciones públicas contratar con aquellas sociedades en las que participe un concejal por cuantía superior a un 10%. En este caso, Maíz pertenece al 33,3% a esta sociedad, por lo que no ha percibido la parte proporcional de los alrededor de 6.000 euros mensuales que le corresponde por el alquiler, indicó él mismo a este diario.
La redacción del nuevo PGOU fuerza el traslado de la actual sede a otra ubicación, aún en el aire, al aceptar las alegaciones de la sociedad familiar y mantener la parcela como suelo privado. Así, se elimina la opción de que el Consistorio incorpore el edificio al patrimonio municipal. "Nunca ha sido suelo público, siempre ha sido una parcela privada", justificó a este diario el concejal de Sanidad, quien aseguró mantenerse al margen de estos asuntos.
Regularización. Su compañero de partido, el edil de Medio Ambiente, Antonio Espada también se ve envuelto en un asunto de incompatibilidad, denunciado por el PSOE, pero la redacción del uevo PGOU aligera la dificultad urbanística. Espada es accionista, al 50%, de la empresa de materiales de construcción La Juanita, a la que el gobierno del PP le adjudicó dos contratos públicos, por un valor total de 230.000 euros.
La sede de La Juanita se ubica en unos terrenos calificados inicialmente como equipamiento público y previstos para la ampliación del cementerio, un servicio que el PP tiene previsto trasladar a unos terrenos de cerca de 200.000 metros cuadrados cercanos al municipio de Istán.
Ahora, en el nuevo PGOU, la situación de La Juanita mejora, según las fuentes consultadas, "al no ser incompatible" con la actividad económica. El documento urbanístico lo califica como suelo no urbanizable, lo que "no impide que se mantenga ahí". Un dato que Espadas afirmó desconocer hasta el momento.
