JOSÉ ANTONIO SAU. MÁLAGA
Era la primera vez que el ex instructor de la operación ´Malaya´ y actual titular del juzgado de lo Penal número 5 de Granada, Miguel Ángel Torres, hablaba sobre el fenómeno de la corrupción en la capital. Y no defraudó a nadie. En unas jornadas organizadas por el Instituto Superior de Economía Social (ISEL) en el Ateneo, el magistrado afirmó que la corrupción no va ligada exclusivamente a la licencia de obra: "Nos olvidamos de otras formas de corrupción de las que no se habla o no se persiguen: los concursos y las adjudicaciones de obras, la malversación de caudales, los concursos de personal, la utilización de medios públicos para fines privados y los gastos excesivos en la administración, como se ha puesto de manifiesto últimamente".
El granadino atacó así aquellos concursos de contratación que no se rigen por los principios de igualdad, mérito y capacidad, realidad que se conoce como nepotismo.
El magistrado, que ayer demostró una vez más no tener pelos en la lengua, aseguró: "Si se devuelven los capitales o lo percibido por una actividad ilegal no tendría problemas para que se rebajara la pena al imputado ni para que se dieran beneficios penitenciarios a quien cuenta la realidad".
En definitiva, premiar al delator que, en el seno de una corporación, se arrepiente de sus actos y decide ´cantar´. Él, precisamente, fue muy criticado por ello durante la operación ´Malaya´, pero coincide con el fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero, también presente ayer, en reclamar que se permita la figura del arrepentido.
Beneficios. Esta actividad, al generar empleo y movimiento de dinero en una localidad puede "ser beneficiosa a corto plazo", lo que, según Torres, explicaría que "cuando se imputa a un político una parte de su municipio lo proteja y diga que es inocente".
Sin embargo, el juez afirma que la corrupción socava los cimientos del Estado de derecho y de la democracia, además de alterar el mercado local de viviendas, subir su precio y favorecer la corrupción de parte de los abogados y asesores fiscales de la zona para proteger el blanqueo. "Donde hay corrupción se instala el crimen organizado", dijo.
Torres recalcó además que "no es incompatible que en un contexto en el que la situación económica no es la mejor se siga apretando a la corrupción. Es como si a un hambriento se le dan alimentos envenenados". También atacó a los "profetas" que, en estos momentos, van a pedir que se relajen las normas sobre el urbanismo.
Considera que en Málaga no hay más corrupción que en otros sitios y asegura que, cuando "hay una persona corrupta en un ayuntamiento, la mayor parte de la corporación está inmersa en estas prácticas".
Ineficacia. Las sanciones administrativas son "ineficaces. La multa le sale rentable al empresario". Incluso aludió a la laxitud en la persecución de estos delitos: "Hay que investigar con técnicas policiales, poniendo de manifiesto los capitales ilícitos. Estas investigaciones pueden levantar protestas, pero se debe seguir esa línea, aunque con ello no hagamos amigos. No hacer todo lo posible o tener miedo de perseguir la corrupción es, en sí mismo, otra forma de corrupción".
Entre otras cosas, solicitó una reforma legal para que las intervenciones telefónicas cuenten con la seguridad jurídica adecuada de forma que no sean anuladas después por un juez, así como también exigió juzgados específicos de ámbito autonómico en la materia y equipos multidisciplinares (con expertos en Hacienda y en Urbanismo). E incidió, al igual que hizo López Caballero, en la necesidad de que se instaure la figura del delator o arrepentido, las entregas vigiladas y los agentes dobles.
