JOSÉ A. SAU / M. FERRARY. MÁLAGA
El Gobierno y el Ayuntamiento han llegado a un acuerdo de mínimos sobre la zona en la que se instalará el futuro Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Málaga: la parcela elegida se encuentra en el polígono Guadalhorce, y está muy próxima tanto a la nueva cárcel de régimen abierto como a las vías del tren.
Cada año pasan unas 2.000 personas que están en situación irregular en España por las actuales dependencias del CIE, ubicadas en el barrio de Capuchinos. El edificio, pese a soportar constantes reformas, es muy antiguo y las condiciones en las que se mueven sus moradores no son las más adecuadas, a pesar de los esfuerzos tanto de la Policía Nacional como de la Fiscalía de Extranjería.
Es más, el propio fiscal delegado en esta materia, Juan Andrés Bermejo, ha solicitado la construcción de un nuevo CIE en numerosas memorias y la propuesta que ha recogido el Gobierno central para ejecutar un nuevo edificio ha partido de la propia Policía Nacional.
Según adelantó La Opinión de Málaga el pasado 31 de octubre, el Gobierno ya había iniciado los contactos tanto con el Ayuntamiento de la capital como con la Junta de Andalucía para edificar un nuevo CIE dadas "las continuas reformas" a las que ha sido sometido el antiguo acuartelamiento militar de Capuchinos.
La parcela es de titularidad municipal y pasará al Estado en virtud de un convenio de cesión. Actualmente los técnicos están estudiando este terreno, aunque el Consistorio había ofrecido varios más a la Policía Nacional.
Restricciones. El Cuerpo puso dos condiciones: que el terreno tuviera una gran superficie y que estuviera bien comunicado. El primer requisito se cumple totalmente, ya que el vetusto polígono Guadalhorce se ha convertido ahora en una zona de expansión natural de la urbe y encierra aún terrenos susceptibles de ser urbanizados. La segunda objeción también ha sido satisfecha: el aeropuerto se encuentra a escasos metros de la superficie elegida, a la que se puede llegar fácilmente en automóvil desde cualquier punto de la ciudad.
Ésta es una reivindicación histórica de numerosos colectivos sociales, que han señalado incansablemente las deficiencias de un edificio que han tildado constantemente de "indigno".
Proyectos. Pero hay más. También se ha proyectado la construcción de otro edificio que albergará a la Unidad de Intervención Policial (los antidisturbios) y a la Unidad Canina, así como varias dependencias administrativas de la Policía Nacional. Esta nueva infraestructura estará muy cerca tanto del Centro de Inserción Social (CIS) como del CIE.
Los empresarios de la zona han protestado por la ubicación de la cárcel de régimen abierto en el polígono, plagado de prostitutas y problemas de inseguridad, pero si todos estos acuerdos llegan a buen puerto ganarán una cosa que antes no tenían: seguridad. Además, no hay vecinos en la zona, por lo que las protestas serán testimoniales.
Pero el Consistorio y el colectivo empresarial esperan obtener alguna contrapartida después de haber cedido tanto. De esta forma, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, pretende instalar el centro de control de videovigilancia de los polígonos, cuyo proyecto está siendo redactado ahora, en las dependencias del Centro de Internamiento de Extranjeros.
En toda esta operación se ha planteado la posibilidad de que algunas de las pastillas de terreno sean calificadas como urbanizables, aunque de momento las negociaciones avanzan lentamente.
El CIE acoge a aquellos inmigrantes irregulares a los que intercepta la policía mientras esperan su expulsión del país o su regularización definitiva. La Ley de Extranjería marca como plazo máximo de reclusión en estas dependencias un periodo de 40 días, aunque la estancia media es de 20.
Unos 2.000 extranjeros en situación ilegal llegan cada ejercicio al añejo cuartel militar de Capuchinos, y las peleas y los roces entre los internos son constantes. Eso sí, el edificio ha sido reformado en innumerables ocasiones y los inmigrantes allí retenidos (no están detenidos) cuentan con el apoyo de dos médicos durante las 24 horas del día y con los consejos de un asistente social.
Las organizaciones no gubernamentales difieren en su diagnóstico sobre el CIE: algunas piden su cierre (y el de todos los del país), mientras que otras solicitan que una norma regule su existencia y que no sean los policías quienes custodien a los internos, sino un cuerpo específico de funcionarios como ocurre en las prisiones.
En la información adelantada el 31 de octubre por este periódico, se citaba una pregunta parlamentaria que hicieron los diputados socialistas de Málaga al Gobierno. El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero contestaba lo siguiente: "Se está estudiando una nueva ubicación para el centro que permita la construcción de otras instalaciones diseñadas específicamente para tal fin y sin limitaciones arquitectónicas previas".
En la respuesta, el Gobierno central reconocía implícitamente que las reformas no eran efectivas dada la antigüedad del cuartel y el continuo aumento en el número de internos.
Último escándalo. Un proceso judicial trata de averiguar si algunos de los policías que custodiaban a las internas cometieron abusos sexuales sobre algunas de ellas. El caso está a punto de cerrarse y sólo está pendiente de que lleguen a Málaga dos exhortos de cooperación judicial que la Fiscalía ha enviado a Honduras y Rusia para contactar con varias de las inmigrantes que denunciaron los hechos. Éste ha sido el último gran escándalo en el que se ha visto envuelto el edificio.
