PRINCESA SÁNCHEZ. MARBELLA
Los abogados de la Costa del Sol están preocupados por su mala imagen. Los ocasionales registros, imputaciones y hasta encarcelaciones que han sufrido algunos compañeros de gremio no les han favorecido. Mucho menos, las últimas declaraciones del primer juez que instruyó el ‘caso Malaya’, Miguel Ángel Torres, que les elevó a la categoría de “industria auxiliar de la corrupción”, junto con los gestores fiscales.
Ayer, un centenar se manifestaron en las calles de Marbella para defenderse. “Ni abogado, ni asesor son sinónimos de blanqueador de capitales”, incidió el letrado Erik Jean Paul Möller, organizador de la protesta en calidad de representante de la Asociación de Juristas y Economistas Libres de la Costa del Sol (Ajures).
En su opinión, esta ‘confusión’ viene derivada de la forma en la que se aplican determinadas leyes, como es el caso de la normativa de prevención del blanqueo de capitales.
Presunción de inocencia. La detención, los registros de los despachos e incluso los encarcelamientos provisionales se han convertido en una “regla general” para comprobar datos u obtener informaciones “que siempre se les han facilitado a las autoridades competentes”, defiende este colectivo en un manifiesto que ayer repartieron a lo largo de su recorrido por la avenida Ricardo Soriano, la arteria que atraviesa la ciudad.
“Queremos que haya normativas que prohíban cualquier acto delictivo; pero esta normativa no debe chocar con un principio constitucional como es la presunción de inocencia”, añadió Möller. Desde su punto de vista, son las fuerzas y cuerpos de seguridad los que tienen que velar porque no haya delitos y no los ciudadanos de a pie. Los abogados integrantes y simpatizantes de Ajures reclaman su derecho a ser tratados como uno más .
Para garantizarlo, cuentan con más de 130 firmas para apoyar el requerimiento que dirigirán al Colegio de Abogados de Málaga. “Es importante que se pronuncien oficialmente en defensa de la dignidad de los abogados, aún no lo han hecho de forma expresa”.