JAVIER GARCÍA RECIO. MÁLAGA
Una sociedad mercantil compró en 2004 una zona verde que debía ser expropiada por el Ayuntamiento de Málaga en la calle san Vicente de Paúl, cerca del castillo de Santa Catalina, en El Limonar. Realizó la compra en febrero de 2004 y pagó por sus 8.818 metros 432.000 euros. Sólo siete meses después, y sin haber realizado ninguna alteración en el terreno, reclamó al Ayuntamiento 34 millones de euros por su expropiación. De 432.000 euros a 34 millones, lo que supone casi un 8.000 por ciento más.
Otro caso: el presidente de una promotora compró en 1999 una parcela en la Cañada de los Ingleses (Gibralfaro) de unos 11.000 metros por 480.000 euros. Cinco años después reclamó al Ayuntamiento 21 millones por su expropiación, un 4.200 por ciento más.
Otra promotora malagueña le compró a las monjas del colegio El Monte una zona verde de 18.000 metros cuadrados por 3,6 millones de euros. A la hora de la expropiación le reclamó al Ayuntamiento 68 millones de euros, un 1.700 por cien más de lo que pagó.
Otras dos operaciones similares se fraguaron en estos últimos años con parcelas verdes de la zona de Monte Sancha y El Morlaco aunque en ambos casos se desconoce el precio inicial de compra ya que proceden de herencias. En Monte Sancha, por una zona verde de 3.000 metros la empresa propietaria reclamó 4 millones de euros por su expropiación, si bien la comisión provincial de valoraciones, órgano que tasa el valor de las expropiaciones, ha fijado un precio de 957.000 euros.
Por último, en el Camino de la Desviación, en El Morlaco, una sociedad le ha reclamado al Ayuntamiento 16 millones de euros por una parcela de 7.700 metros. La comisión de valoraciones ha fijado un precio de 5,5 millones de euros.
Estos cinco casos corresponden a operaciones que se han dado en estos últimos años donde sus propietarios han comprado con la intención de lograr importantes beneficios a costa del Ayuntamiento y el bolsillo ciudadano, valiéndose de las argucias legales y de la lentitud de la administración municipal.
Estas cinco parcelas verdes figuraban en el PGOU de 1997 como suelos a obtener por el Ayuntamiento para sistema general. La ley señala que si esos suelos no son obtenidos por la administración en el plazo de cuatro años desde la aprobación del PGOU, sus propietarios podrán reclamar su expropiación "por ministerio de ley" y el Ayuntamiento está obligado a realizarla.
En 2001 se cumplieron los cuatro años que tenía el Ayuntamiento para adquirir esos suelos sin que lo hiciera. Todos los propietarios, excepto uno (Aifos), compraron después de 2001, presumiblemente con la intención de reclamar la expropiación y exigir un precio mucho más alto que el que desembolsaron en la compra.
No obstante, las altísimas cantidades reclamadas por estos propietarios han sido atemperadas por la comisión de valoraciones que ha rebajado muchísimo sus pretensiones. Ambas partes, Ayuntamiento y propietarios, han acudido, no obstante, a la justicia ordinaria.
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