PRINCESA SÁNCHEZ. MARBELLA
Las administraciones públicas andaluzas son eficientes y eficaces pero, sobre todo, legales. Entre ellas se incluyen los ayuntamientos de la Costa, especialmente Marbella y Estepona. Ya han dejado de ser las ´ovejas negras´ que no hace mucho protagonizaran los más escandalosos casos de corrupción urbanística del país y, sin duda, del continente europeo. Todos ellos, pendientes de juicio.
El máximo órgano de consulta para las entidades públicas autonómicas, el Consejo Consultivo de Andalucía, llega a esta conclusión en su último balance, correspondiente a 2008. Ayer mismo, su titular, Juan Cano Bueso, se felicitaba por el "gran esfuerzo" que están haciendo las administraciones marbellí y esteponera para retornar a la legalidad.
Vigilancia. Para ello, hacía hincapié en la necesidad de revisar las licencias concedidas en etapas anteriores que permanecen bajo sospecha. "Si van contra la Ley, son nulas de pleno derecho", insistía. No obstante, el Consejo se ocupó en 2008 de reclamaciones ciudadanas en su mayoría ligadas al funcionamiento de los servicios públicos y a la vigilancia de la legalidad urbanística.
Esta observación contrasta con el hecho de que Ecologistas en Acción denuncia concretamente al Ayuntamiento marbellí por dejar de revisar 800 expedientes de obras ilegales acordados durante el gobierno del GIL –mencionados en la memoria del Plan General de Ordenación Urbana en trámite– y por lo que consideran una manifiesta amnistía en este nuevo PGOU. Se regularizan mas de 30.000 viviendas mientras que tan sólo se derriban unas cuantas estructuras deshabitadas.
A pesar de ello, Cano Bueso se mostró ayer convencido de que el mayor conocimiento sobre legalidad urbanística y el efecto disuasorio de las operaciones policiales y judiciales han influido en la "vuelta a la legalidad". No en vano, opina que el mal funcionamiento de las administraciones públicas suele ser un problema mas bien relacionado con el desconocimiento de las leyes que con la mala fe de sus dirigentes.
23:00
