III Congreso Jurídico

El Colegio de Abogados de Marbella busca una solución para los que compraron viviendas ilegales ´de buena fe´

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El presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, Javier Carazo, aseguró hoy que debe haber una solución para los propietarios de viviendas presuntamente ilegales en la localidad malagueña de Marbella que adquirieron "de buena fe" dichos inmuebles.

EUROPA PRESS Carazo, que asistió hoy a la inauguración del III Congreso Jurídico de la Abogacía Malagueña, manifestó que "se debería de solucionar" esta problemática "si legalmente es posible", algo que consideró factible.

"Creo que sí, que no debe haber ningún impedimento para que estos consumidores que de buena fe adquirieron algún tipo de inmueble no se vean ahora sorprendidos por circunstancias de este tipo", apuntó. Aunque precisó que "no soy político, sino jurista", insistió en que "algo se debe hacer".

A nivel general, y respecto al colectivo de abogados, Carazo mostró su preocupación por la justicia gratuita y "el reglamento que tenemos pendiente de que la Junta de Andalucía nos apruebe".

FUNCIONAMIENTO DE LA JUSTICIA.

Asimismo, también expresó su temor por el hecho de que "la justicia en Andalucía y en todo el territorio nacional no funcione lo bien que debería funcionar, con sus honrosas excepciones, por supuesto".

En este sentido, consideró que la falta de medios materiales es "definitiva para que la justicia funcione". En este mismo sentido se expresó el decano del Colegio de Abogados, Manuel Camas, quien estimó que la justicia tiene "un problema de medios materiales y humanos y obviamente necesita una permanente inversión y permanente actualización".

"La justicia no puede ser improvisada y ese es uno de sus problemas, pero lógicamente los abogados estamos exigiendo que esté a la altura de lo que los ciudadanos necesitan y lo que demandan", dijo Camas, quien hizo un llamamiento "a un enorme consenso en este mundo que afecta a todos, a la vida cotidiana de los ciudadanos" para que la justicia funcione.

EL CONGRESO.

Camas; Carazo; la vicepresidente del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, y el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, inauguraron hoy el III Congreso Jurídico de la Abogacía Malagueña, que abordará hasta mañana temas de actualidad jurídica como los accidentes laborales y de tráfico, el urbanismo, el blanqueo de capitales, la violencia de género, la protección del consumidor en los contratos inmobiliarios, la publicación en los medios de sumarios bajo secreto o la presunción de inocencia.

El decano destacó que se tratarán "las principales preocupaciones que existen hoy en día en la sociedad, que son las que existen en el mundo del derecho", y aseguró que la finalidad es, "además de la formación continua de los letrados, transmitir a la sociedad que sus abogados están trabajando por la justicia, por los ciudadanos, que están preocupados por los problemas sociales y que estamos buscando soluciones".

En este sentido, Ortega felicitó al Colegio de Abogados malagueño por "la formación integral de los profesionales" y por este encuentro que es "para la reflexión y el estudio". Señaló que el ejercicio de esta profesión "no es fácil".

Por su parte, el alcalde de Málaga destacó que es una profesión en la que "es absolutamente necesario estar al día en los aspectos legislativos" en varios niveles, por lo que felicitó también a la institución por este encuentro.

CONTRATOS DE VIVIENDAS

Una de las ponencias que se desarrollaba hoy versó sobre la protección del consumidor en el contrato inmobiliario y fue a cargo de la profesora titular de Derecho Civil de la Universidad de Málaga (UMA) Blanca Sillero, quien señaló que la nueva normativa incrementa los sujetos que pueden ser reclamados hasta las inmobiliarias.

Además, indicó que pese a la normativa sobre los derechos de los consumidores a información, señaló que se dan situaciones "descabelladas" en lo que respecta a la superficie de los inmuebles, con diferencias de "20 ó 30 metros cuadrados".

Asimismo, precisó que ya existe jurisprudencia que reconoce los daños morales derivados del retraso en la entrega de viviendas, no sólo de la de primera residencia, sino también respecto de la segunda.

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