Sociedad
Piden prisión para los padres de un alumno que pegaron a dos maestras
 
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En la imagen, los padres que son juzgados en Barcelona por violencia contra docentes, que se tramita como un delito de atentado.  efe
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Los acusados niegan cualquier agresión a las profesoras y atribuyen las acusaciones a un "complot" en su contra
EFE. BARCELONA La Fiscalía, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona solicitaron ayer algo más de un año de prisión para los padres de un alumno de un colegio de la Ciudad Condal acusados de agredir a dos maestras y a la conserje, en el primer juicio por violencia contra docentes que se tramita como un delito de atentado.
Tanto la fiscal como las otras dos acusaciones defendieron que las agresiones a docentes merecen un castigo mayor del que solían recibir hasta ahora -ya que eran consideradas una falta- ante la necesidad de "proteger" un servicio público y fundamental como es el de la educación.
Por su parte, los padres del niño, que acudía al colegio público Eduard Marquina, negaron cualquier agresión o amenaza e incluso haber faltado al respeto a las maestras al tiempo que han atribuido las acusaciones a un "complot" en su contra.
Tras escuchar la declaración de lo acusados, de las maestras y la conserje y de algunos testigos y peritos, la Fiscalía rebajó sólo en dos meses su petición inicial, que ha dejado en un año y cuatro meses, mientras que la abogada de la Generalitat solicitó un año y dos meses de prisión así como la prohibición de acercarse al centro escolar durante seis meses.
La abogada del Ayuntamiento de Barcelona, que ejercía la acusación en nombre de la conserje, coincidió en su petición con la de la fiscal, que solicita también el pago de una multa de 540 euros y una indemnización de 5.500 para las dos maestras por las secuelas derivadas de la agresión.
Éste es el primer caso de agresión a profesores en que un juez abrió diligencias por un delito de atentado y no como una falta, a petición del ministerio público y de la Generalitat, a raíz de la instrucción dictada por el entonces fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, José María Mena.
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