El sector de la educación se encuentra "gravemente" afectado por la corrupción, un fenómeno que constituye "una realidad extendida y permanente", que atenta contra un derecho humano y el futuro de los países.
Esta es una de las conclusiones del "Informe Global de la Corrupción", de la organización Transparencia Internacional (TI), presentado este martes simultáneamente en varios países del mundo, entre ellos España, que propone estrategias para hacer frente al fenómeno y preparar a las nuevas generaciones a combatirlo.
Malversación de fondos nacionales de educación, desvío de ayudas internacionales, costos escolares ocultos o compraventa de calificaciones y títulos ficticios son algunas de las prácticas corruptas en el sector que se dan en muchos países.
Así, casi una de cada cinco personas en el mundo pagó sobornos a cambio de servicios educativos el año pasado, una proporción que en los países más pobres asciende a una de cada tres, ha puesto de relieve el profesor Jesús Lezcano, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y presidente de Transparencia Internacional España.
Además, de cada cien dólares de la cooperación internacional dedicados a fomentar la educación, llegan cinco a ese fin, a causa de la burocracia, la mala organización y la malversación.
El estudio insta a los gobiernos, organizaciones internacionales, empresas y sociedad civil a asegurar que las políticas educativas a nivel mundial promuevan medidas de gobernabilidad efectiva.
En este sentido, Lezcano ha pedido a la UNESCO que "se moje un poco" para que el conocimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos sea una asignatura obligatoria en las escuelas.
El informe muestra que la corrupción en el sector educativo funciona como "un peligroso obstáculo" que se interpone a la posibilidad de un aprendizaje de calidad y al desarrollo económico y social.
El catedrático de Ciencia Política Manuel Villoria, miembro del Comité Ejecutivo de TI España, ha destacado que el ámbito educativo es muy propenso a la corrupción, ya que en torno a él se mueve mucho dinero, aunque ha precisado que se da con más frecuencia en países que no cuentan con sistemas "sofisticados" de control del gasto público.
Villoria ha reconocido que es difícil cuantificar en términos exclusivamente económicos el coste que la corrupción supone para la educación, como también lo es distinguir entre corrupción y mala gestión de escuelas y universidades.
Pero las consecuencias pueden ser "terribles", ha dicho este profesor, quien ha puesto el ejemplo de países en los que se puede comprar el título de arquitecto o de médico, donde "miles" de vidas pueden verse afectadas.
La corrupción en la educación también genera pobreza y desigualdad, ya que los más desfavorecidos no pueden hacer frente al pago de sobornos que se exigen en muchos países.
Una de las recomendaciones generales del informe es la necesidad de entender la educación como herramienta indispensable en la lucha contra la corrupción.
Por ello, pide a los organismos internacionales que se pongan de acuerdo en establecer políticas de "tolerancia cero" contra la corrupción en el sector educativo.
Sanciones "duras" para los corruptos y los corruptores, el establecimiento de códigos de conducta "claros" para educadores, pactos de integridad en universidades, participación de padres y estudiantes en la gestión y sistemas claros de supervisión y rendición en cuentas son algunas de las medidas que pueden detener este fenómeno.
"La lucha contra la corrupción en la educación solo se conseguirá cuando padres y alumnos se impliquen en ello", ha subrayado Villoria.
Por otra parte, los miembros de Transparencia Internacional España han hecho pública la posición de esta organización sobre el proyecto de Ley de Transparencia, que se encuentra en tramitación parlamentaria.
La organización considera que supone un importante avance social, aunque cree que es mejorable y para ello realiza algunas propuestas.
Entre ellas, pide que se introduzcan de forma clara diversos supuestos de infracciones y sanciones para el incumplimiento de las normas tanto en relación con la publicidad activa como en cuanto al derecho de acceso a la información pública.
Para esta institución, la ley debería recoger la obligación legal de las más de 21.000 instituciones públicas de publicar no solo la relación de sus bienes inmuebles, sino todo su patrimonio.
Además, el texto debería incluir en el apartado de publicidad activa todos los instrumentos del planeamiento urbanístico, así como las resoluciones habidas en esta materia, y los informes de los órganos de fiscalización interna de instituciones y organismos de las administraciones públicas.
