La Policía Nacional ha desarticulado un grupo organizado por estafar más de 50 millones de euros a unas 50.000 personas de todo el mundo, al menos seis mil residentes en España, con inversiones pagadas con una supuesta moneda virtual, en una operación con veinte detenidos en territorio español.
En concreto los agentes han arrestado a ocho personas en la provincia de Sevilla, a cuatro en Arrecife (Lanzarote), a dos en Madrid, a otras tantas en la provincia de Málaga, a otras dos en la de Alicante y el resto en Valencia y Langreo (Asturias).
Las víctimas eran captadas a través de numerosos actos publicitarios como eventos en hoteles de lujo con todo tipo de gastos pagados, vídeos promocionales y charlas formativas y se les ofrecía un rápido ingreso extra insertando anuncios de la compañía en la red.
La empresa estafadora pagaba a las víctimas inversoras en moneda virtual inventada que realmente no tenía valor alguno y que imposibilitaba recuperar sus inversiones.
En los cinco registros realizados se han intervenido dieciocho equipos informáticos, portátiles, discos duros de ordenadores, tres tabletas, numerosa documentación relacionada con estafas y blanqueo de capitales, 15.505 euros y dos vehículos de alta gama.
Además, se ha bloqueado una cuenta en Letonia con más de cinco millones de euros, casi veintidós millones de dólares americanos, 2.600 dólares canadienses, 1.600 libras esterlinas y 365 dólares australianos, procedente todo ello de la estafa investigada.
La organización desarticulada estaba especializada en la comisión de estafas masivas mediante el método de las estafas piramidales y tras más de un año y medio de investigación los agentes pudieron constatar la existencia de una empresa que captaba a sus víctimas.
La investigación se inició gracias a la denuncia de un antiguo trabajador de la compañía presentada en la Agregaduría de Interior en Bolivia y al análisis de otras interpuestas en distintos puntos de España por expertos policiales en fraude financiero y blanqueo de capitales.
Los miembros de esta organización habían creado una amplia red de clientes y su objetivo era atraer a personas que buscasen algún tipo de ingreso ya fuera principal o extra en su economía en el menor tiempo posible.
Estos ingresos surgirían de la compra de los paquetes que la empresa ofrecía y por los que comenzarían en teoría a tener beneficios de forma rápida con el simple hecho de insertar una serie de anuncios de la compañía en la red.
Las ganancias conseguidas irían en proporción directa al paquete contratado, que supuestamente ofrecían una rentabilidad muy grande de tal forma que por ejemplo se aseguraba que con una inversión de 18.000 dólares americanos se podía llegar a conseguir unos beneficios anuales de 67.600 en pagas semanales de 1.300.
Ante esta supuesta elevada rentabilidad ofertada, las víctimas no dudaban en invertir en la compañía y convencían a la vez a amigos y familiares para que también lo hicieran.
Posteriormente la empresa decidió convertir todo el dinero de las víctimas en moneda virtual inventada por la empresa y que sería la forma en la que las víctimas recibirían el pago a sus servicios.
Sin embargo es una moneda sin valor al no estar integrada en el tráfico monetario ni mercantil habitual por lo que las víctimas vieron cómo su dinero fue transformado en algo inservible y sin posibilidad alguna de recuperarlo a no ser que consiguieran engañar a nuevas víctimas.
El dinero fue colocado en diferentes cuentas situadas en países calificados como paraísos fiscales.
La operación ha sido realizada de forma conjunta por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental y agentes especializados de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial adscritos al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales.
Han contado con la colaboración de agentes de las jefaturas superiores de Policía de Andalucía Oriental, Valencia, Asturias y Canarias y de las comisarías de Alicante, Vélez-Málaga, Fuengirola (Málaga), Elche y Denia (en la provincia de Alicante), Arrecife y Langreo.
La investigación, impulsada desde el inicio por el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, ha sido dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional.
