Agentes de la Policía Nacional han liberado a una víctima de explotación sexual y a su bebé de 8 meses gracias a un e-mail enviado al correo trata@policia.es, habilitado por la Dirección General de la Policía para la lucha contra la trata de seres humanos, según ha informado este cuerpo.

La joven había sido captada en su país de origen cuando apenas tenía 16 años, a través del método del 'lover boy' --por parte de un hombre que estableció con ella una falsa relación sentimental-- y fue trasladada después a España bajo la promesa de una vida mejor.

Fue explotada sexualmente en un club de alterne próximo a Figueres (Girona) durante cuatro años bajo duras condiciones físicas y psicológicas. Tras quedarse embarazada de su proxeneta --detenido en la operación--, la joven regresó temporalmente a Rumanía y cuando el bebé contaba con tres meses retornó a España para seguir prostituyéndose, esta vez bajo la amenaza de causarle daños a su hijo.

La investigación se inició cuando los agentes dedicados a la atención del correo electrónico destinado a la lucha contra la Trata de Seres Humanos recibieron un e-mail de una joven que afirmaba estar siendo explotada sexualmente desde hacía cuatro años, en un club de alterne cercano a la localidad de Figueres, por miembros de una misma familia de nacionalidad rumana. La joven relataba que su situación se había agravado recientemente al presionarla con amenazas dirigidas a su bebé de ocho meses, por lo que solicitaba ayuda de forma urgente.

Los agentes investigaron la denuncia y liberaron a la joven a la salida del club de alterne cuando su proxeneta se disponía a trasladarla hasta su domicilio donde residía con su bebé, también liberado.

La joven llegó a España poco después de cumplir los 18 años, después de dos de relación con el hombre que la captó en Rumanía y con la promesa de que en España podrían llevar una vida mejor.

Una vez llegaron a Figueras, la víctima pasó varios días recluida en un inmueble junto con algunos familiares de su explotador, sin que pudiera salir sola a la vía pública, ni contactar con su familia en Rumanía, ya que de lo contrario era agredida físicamente.

Pasadas dos semanas de incomunicación total, comenzó su explotación sexual en un club de alterne sin que tuviera opción a negarse puesto que era sometida a continuas agresiones, amenazas y coacciones por parte de su explotador, que la mantenía aislada socialmente con la ayuda de sus dos hermanas.

Una de ellas actuaba de controladora en el prostíbulo y la otra en el domicilio familiar, lugar en el que la víctima era obligada, además, a realizar las tareas domésticas. La joven era explotada sexualmente todos los días de la semana sin descanso durante nueve horas ininterrumpidamente. Además de prostituirse, también era forzada por su falsa pareja a vender cocaína a los clientes.

La joven debía entregar a su proxeneta la totalidad de los ingresos que obtenía con sus servicios sexuales, para sufragar los gastos de alquiler del inmueble donde vivía el clan familiar y la víctima, así como la manutención de todos ellos. La joven relató a los agentes que durante los cuatro años que estuvo siendo explotada había entregado, bajo amenazas y coacciones, a su proxeneta y a sus familiares, más de 300.000 euros fruto de su explotación sexual.

En 2014 la víctima se quedó embarazada de su proxeneta y regresó junto con éste a Rumanía y tuvieron una hija allí a finales de octubre de 2014. Ambos regresaron a España en 2015 y cuando la menor contaba con tres meses de edad, se reinició la situación de explotación sexual de la víctima de forma agravada, puesto que ésta no podía estar con su hija y era continuamente amenazada con ella para someterla.

Ante la situación de desesperación que estaba pasando la joven y su temor por la integridad de la menor, decidió solicitar ayuda para ella y para su hija, a través del correo facilitado por la policía en el marco del Plan Policial contra la Trata de Seres Humanos.