El monitor acusado de abusar sexualmente de 16 menores en la localidad leonesa de Carucedo, en la comarca del Bierzo, ha reconocido hoy haber instalado cámaras de visión nocturna en las habitaciones donde dormían los niños en el campamento y haberse grabado realizándoles tocamientos.
La primera sesión del juicio que se sigue contra R.P.F., de 44 años, en la Audiencia de León, que se ha celebrado esta mañana en la Audiencia Provincial de León, se ha centrado en la declaración del acusado, para el que la Fiscalía solicita una pena que suma los 234 años de prisión.
A preguntas del fiscal, el acusado ha reconocido haberse grabado realizando tocamientos a los menores.
No obstante ha negado que grabase el material con intención de visionarlo posteriormente, y ha dicho que tampoco tenía intención de compartirlo en ninguna red de pornografía infantil.
A preguntas de su defensa, ha señalado que no hay día que no se arrepienta de los hechos y que no sabe por qué lo hizo, excusándose en que "fue un impulso".
La defensa ha tratado de explicar que los hechos coincidieron con el aumento de la dosis de una medicación que el acusado comenzó a tomar en 2010 y que de alguna manera pudo influir en su comportamiento, y ha insistido en que colaboró desde el primer momento con la Policía.
También ha precisado que, en algunas ocasiones, los tocamientos se debían a que el acusado le aplicaba una pomada a los menores.
Tras el acusado han declarado dos policías nacionales que participaron en el registro y en el visionado del material que se encontró en su posesión.
Uno de ellos ha concretado que se hallaron 1.800 horas de grabación en una de las habitaciones de su vivienda y 19.000 en los vestuarios de una piscina en la que fue socorrista en Cáceres, ya que tenía las cámaras encendidas la mayor parte del día.
El acusado ha dicho que decidió tomar las imágenes de los vestuarios para evitar robos.
El juicio está previsto que se prolongue hasta el 9 de marzo y el acusado se enfrenta a dieciséis delitos de corrupción de menores, otros tantos de abusos sexuales, doce de ellos continuados, y uno más delito de revelación de secretos.
Concretamente se enfrenta a 114 años de cárcel por los dieciséis delitos de corrupción de menores; a 72 años por doce delitos de abusos sexuales continuados; a dieciséis por cuatro delitos de abusos sexuales, y a dos más por revelación de secretos.
La Fiscalía pide además que el acusado indemnice con 132.000 euros a los menores de los que supuestamente abusó.
El acusado, que permanece en prisión preventiva desde su detención en noviembre de 2012, grababa los supuestos abusos que cometía y se entregó a la Policía en Madrid tras tener conocimiento de que su mujer, embarazada en aquellos momentos -la pareja tenía ya un niño de cuatro años-, le había denunciado tras hallar en un armario de la vivienda familiar un disco compacto de contenido pederasta.
Tras la detención, la Policía registró la taquilla del acusado en las dependencias del Samur del barrio madrileño de Vallecas, donde trabajaba como conductor, y halló más material audiovisual de contenido pederasta.
El acusado trabajaba desde 2006 como conductor auxiliar contratado por la empresa adjudicataria del servicio de Samur Social del Ayuntamiento de Madrid.
R.P.F. organizaba campamentos infantiles con la Asociación Juvenil de San Cristóbal, ubicada en el Parque Móvil de Madrid, la zona de residencia de los chóferes de los ministerios, y además era monitor de natación.
Según consta en sumario, sus víctimas eran siempre niños -nunca niñas-, y los más pequeños tenían siete años.
Supuestamente abusaba de ellos cuando estaban profundamente dormidos -por lo que abrió una investigación para determinar si los había sedado- y a otros los grababa cuando se duchaban y se cambiaban de ropa en los vestuarios de la piscina.
